El juicio por el encubrimiento de la investigación penal del atentado a la AMIA comenzará el próximo 6 de agosto. Según consignó DyN, que el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costable, fijó la fecha para juzgar el presunto pago de 400 mil dólares para acusar a policías Bonaerenses y el desvío de la llamada “pista Siria”.
En el banquillo habrá 13 personas, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y el reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros.
RECLAMO DE LA CORTE Y POLÉMICA
A principios de marzo, el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut, le envió un oficio a la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, para que el TOF 2 informe cuando empezará el juicio.
El requerimiento llegó el 20 de marzo pasado, luego de que la presidenta Cristina Kirchner criticó al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la falta de respuestas en las causas por el atentado a la AMIA y la embajada de Israel.
Ante este reclamo, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, respondió que pese a la complejidad y trascendencia de la causa la Corte solo le dio un empleado con dedicación exclusiva, que desde junio de 2013 envía oficios para encontrar soluciones y nunca le fueron contestados y que el Máximo Tribunal todavía tiene pendiente de resolución un planteo del ex juez del caso AMIA Juan José Galeano, uno de los acusados.
Gorini explicó que las causas llegaron al TOF en junio de 2011 y abril de 2012 pero “el tribunal quedó integrado recién el 12 de febrero de 2014” con él y Néstor Costabe y Karina Perilli, y el 3 de marzo pasado se designó al cuarto juez, Domingo Altieri, habitual en los juicios extensos.
Además, el magistrado detalló los pasos que dio el TOF desde entonces para avanzar: se proveyó la prueba que pidieron las partes (se rechazaron hacer 46 exhortos internacionales pedidos por las defensas), se solicitó la sala de audiencia y se estimó que el juicio podía empezar el segundo semestre de este año.
Gorini también recordó que el fallecido fiscal Alberto Nisman pidió en diciembre pasado que se fije el comienzo del debate.
Gorini sostuvo además que hoy es materialmente imposible realizar el juicio por AMIA porque los tres jueces tienen agendas completas en otros tribunales que integran y Gorini explicó que actualmente está realizando el juicio por la tragedia de Once.
“Nadie puede negar la complejidad, trascendencia y dedicación que ambos procesos conllevan y que ameritan la plena y exclusiva atención de los magistrados intervinientes en uno y otro caso. Pretender la realización simultánea de ambos debates por un mismo magistrado inexorablemente provocaría una indebida e injusta sustracción de la necesario dedicación que cada uno de ellos requiere”, sostuvo el juez.
Gorini agregó que el juicio por Once le había tocado a otro tribunal y que Casación se la asignó al TOF 2, lo que se hizo “con pleno conocimiento”. La respuesta del TOF critica duramente la intervención de la Corte en este proceso.
“Fue este magistrado quien en reiteradas ocasiones solicitó mediante sendos oficios de estilo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde su designación, la dotación de personal calificado para conformar un equipo de trabajo con dedicación exclusiva a la tramitación de la causa, recibiendo como respuesta a dicho requerimiento la única e insuficiente asignación de un contrato con partida presupuestaria equivalente a prosecretario administrativo”, añadió.
Gorini recordó que la Corte tiene pendiente de resolución un planteo de Galeano, que pidió ser desvinculado del juicio pues ya fue sobreseído de la acusación pero luego fue reabierta en lo que se conoce como “cosa juzgada írrita”.
El juez destacó que desde junio de 2013 le envía a la Corte comunicaciones con “sugerencias tendientes al inicio en el menor tiempo posible” de los juicios por AMIA y Once y que se puso a disposición pero “no se concretó”.
EL PRESUNTO ENCUBRIMIENTO
El juicio es por el presunto desvío de la llamada “pista Siria” en la causa por el atentado y el supuesto pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a oficiales de la Policía Bonaerense.
fuente lanacion