El festejo del día del partido contra Alemania, la noche anterior, había terminado en una penosa sucesión de actos de pillaje e intimidación, saqueos y vandalismo callejero protagonizados por un centenar de lúmpenes que dispusieron del centro de Buenos Aires como si fuera una gigantesca zona liberada.
Esos marginados, paradójicamente, son los excluidos del “modelo de inclusión” de Cristina Fernández. Los lúmpenes originales –descriptos por el marxismo alemán del siglo XIX como un segmento social por debajo del proletariado– eran entonces los excluidos de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Aquí y ahora, los abandonados a su suerte no estudian ni trabajan, quedaron fuera del sistema de contención social y son fácilmente manipulables por la política, los barras, las fuerzas de seguridad o el crimen organizado.
Las Policías Federal y Metropolitana terminaron la noche del domingo 14 culpándose mutuamente de la impunidad callejera de ladrones y delincuentes en un contrapunto patético de la falta de Estado (ver página 28). Luego, las escenas de represión con gases y modernos camiones hidrantes parecían imitar las batallas campales en el centro de Santiago de Chile de los estudiantes contra los carabineros.
Al otro día, el escenario mandado a levantar de urgencia por el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, en las cercanías del Obelisco, quedó vacío: los jugadores del Seleccionado Nacional no quisieron exponerse a ese clima social enrarecido incapaz de distinguir el festejo del resentimiento. La trama. Los del mundial fueron 30 días decisivos en la profunda metamorfosis que está viviendo el kirchnerismo en su fin de ciclo y a la vista de todos. Travestismo político y ético incluidos.
El vicepresidente Amado Boudou va en vías de ser multiprocesado en varias causas que van desde la adulteración de un auto, para borrarlo de la división de bienes de un divorcio anterior, al enriquecimiento ilícito y el cohecho en la apropiación de la empresa Ciccone, hoy estatizada. Cristina sigue siendo su único, obstinado, punto de apoyo. Claro que a costa de una imagen ya fuertemente salpicada por la matriz de corrupción oficialista que dejó al descubierto, entre otros, el “caso Boudou”. Él no tuvo ni la lealtad de pedirle licencia a la Presidenta para aliviarle, en parte, el desprestigio.
En medio del Mundial, la Presidenta tampoco fue capaz de resolver el entuerto del fallo adverso de la Justicia neoyorquina que les dio la razón a los fondos buitre. Cristina aún no está completamente decidida a saltar al abismo de la ruptura de las negociaciones y de una nueva cesación de pagos, alternativas que solo auguran males mayores y más prolongados. Pero juega al borde.
Dice de la boca para afuera que el país no entrará en default porque ya pagó –900 millones de dólares en la cuenta del Bank of New York en el Banco Central de Buenos Aires que vencían el 30 de junio–, pero Cristina Fernández sabe que ese no es el pago que exige la sentencia del juez Thomas Griesa. “Si Griesa embarga e inmoviliza esos fondos, será él quien declare el default –instruyó, por ejemplo, la Presidenta a su emisario Axel Kicillof–.
Nosotros pagamos y estamos dispuestos a seguir pagando. La Argentina no defaultea”. En otras palabras, se trata de un aventurado juego de palabras. Una picardía adolescente para confundir a los malos de la película. Así se enfriaron las negociaciones argentinas con los fondos buitre –mientras corre el plazo límite al 30 de julio–: la estrategia oficial consistió en amenazar con la cesación de pagos “controlada” o “segmentada” –es decir, un default solo limitado a la parte que reclaman los holdouts y sobre la que falló Griesa– y advertir a la vez que el canje de deuda “está abierto” para los buitres que se sumen ahora a las reestructuraciones del 2005 y 2010.
En realidad, Cristina no dijo la verdad en su exposición ante los BRICS (ver página 36): según la Justicia neoyorquina, no importa quién decide el default sino su sustancia, el objetivo “no pago”, y la Argentina no les está pagando a los que debería, según la sentencia de Griesa. Tampoco es cierto que el canje con los bonistas que no aceptaron las quitas y los plazos ofertados en el 2005 y 2010 esté “abierto” como aseguró ante los presidentes del bloque de países emergentes: todo el mundo sabe que, hasta ahora, existe una ley cerrojo votada por el Congreso Nacional que impide mejorar la oferta a los que decidan ahora sumarse al acuerdo.
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