Los dueños de la unidad uno, que agrupa marcas históricas como Radio Mitre, Canal 13 y TN, entre otras, y los medios gráficos no alcanzados por la norma, serán José Aranda y Lucio Pagliaro.
Y de la unidad dos, continuadora de Cablevisión, con 24 licencias de TV paga; Fibertel y Metro, serán Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. En este caso, tendrán como socio al empresario mexicano David Martínez, quien aún no logró que se le apruebe su oferta por Telecom Argentina. En tanto, las cuatro unidades restantes, que engloban señales de cable y radios y canales del interior, serán vendidas.
Ahora, la decisión del grupo de presentar este plan global de adecuación antes de que se agotaran los plazos legales abrió interrogantes sobre la real voluntad del Gobierno de terminar con la guerra en contra del mayor grupo casi un año antes de que finalice el mandato de Cristina Fernández.
De ser ciertas las premisas acerca de que la norma sancionada por el Congreso en octubre de 2009 tiene como objetivo “democratizar” el mapa de medios argentino, al oficialismo sólo le queda avalar la iniciativa de Clarín. Si, como se sospecha, la avanzada supera la letra de la ley y se enmarca en una de las banderas más simbólicas del kirchnerismo, entonces el plan de desinversión será rechazado.
Para optar por uno u otro camino, el Gobierno tendrá que analizar la propuesta global con la que Clarín cerró la última etapa que le faltaba cumplir: la de identificar a los accionistas de las empresas surgidas de la adecuación. Y le quedan tres meses para informar si acepta o rechaza la propuesta.
De aceptarla, argumentará haber ganado la llamada “madre de todas las batallas”. Si la rechaza reconocerá su necesidad de mantener viva la llama de la lucha contra el principal enemigo K hasta el último día de gestión. Es que el relato, el modelo, se nutre de simbolismos. En este marco, el de la estabilidad económica se desvaneció con la devaluación, la inflación, las suspenciones laborales y la caída del consumo. Y el de los derechos humanos, con el procesamiento del general César Milani.
La lógica K manda entonces que “la lucha contra los monopolios mediáticos” se mantenga inalterable. Por eso, en Clarín sospechan y admiten que la propuesta podría ser rechazada. Para reforzar esta hipótesis recuerdan las demoras en las que incurre el oficialismo para tramitar solicitudes y presentaciones realizadas ante diversos organismos públicos, tras la aprobación general del plan en febrero pasado. Esta postura, reconoce, abre “interrogantes sobre la real voluntad del Gobierno de avanzar en la ejecución del plan como viene pregonando”.
En este marco, Martín Sabbatella, titular de la Afsca, hizo declaraciones que permiten inferir que los conflictos con Clarín se mantendrán al advertir que “se va a controlar bien para que no haya trampa” y sostener que “el punto de discusión es a quién le van a vender”.
Para Alejandro Pereyra, ex interventor del Comfer y analista de la Ley de Medios, la postura de este funcionario “resulta sorprendente” y refleja un “alto grado de ignorancia en el funcionamiento de procesos de desinversión complejos, ya que mantienen dichos como que el punto de discusión es a quién le van a vendero que todavía no hayan presentado quiénes son sus futuros compradores.
Según el experto, estos dichos “traslucen un grado de un nomenclatura berreta y choripanera”. También agrega que “el proceso de desinversión debe caminar sobre carriles institucionales, y deberían participar en la decisión varios organismos oficiales que vienen más atrasados que lo que le imputan” a Clarín “alcanzado en su adecuación admitida, y sin preguntarse como aún otros grupos no han sido resueltos aún”.
También califica como “razonable” desde el punto jurídico la división de las mayores unidades de Clarín entre sus actuales accionistas. Para Pereyra además, a pesar de los esfuerzos para mantener el valor de la cotización de las tenencias de los accionistas minoritarios, entre ellos el Estado Nacional, “existirán pérdidas de sus activos, y esto generará una responsabilidad estatal por el acto válido que impulsa con el proceso de adecuación”.
fuente cronista.com