Primer dato significativo: no se trata de algún hecho excepcional o localizado. No se trata tampoco de que la difusión de un primer episodio haya desatado un efecto contagio. La mitad de los incidentes habían ocurrido antes de que se conociera el que tuvo mayor repercusión (la muerte por paliza de un arrebatador en Rosario).
El filósofo inglés Thomas Hobbes escribió que cuando los individuos pretenden hacerse cargo directamente de lo que está bien y lo que está mal “están queriendo ser como reyes”. Dicho de otro modo: están ignorando, desconociendo la autoridad existente. O no están advirtiendo que exista.
Hoy parece claro que una amplia porción de la ciudadanía no observa que la vida cotidiana esté satisfactoriamente regida por normas y autoridades legítimas y por valores compartidos; más bien considera que la sociedad ha retrocedido para ampararse precariamente tras las rejas de sus domicilios, mientras el espacio público es dominado por poderes de facto que usurpan, roban, trafican, matan o violan sin límites ni sanción visibles.
Esos ciudadanos en muchos casos resignados a la propia impotencia frente a crímenes de alta gama como la gran corrupción o las redes de narcotráfico, no quieren, sin embargo, resignarse a la indefensión frente al delito próximo, el que los toca de modo directo e indisimulable, el que golpea a sus familias, a sus ancianos; el que puede empezar en una ratería y terminar absurdamente en un asesinato. La impaciencia ha alcanzado un punto de saturación.
Esos ciudadanos no aspiran a una sociedad en la que se vean obligados a defender su vida, sus bienes y los de los suyos con su sola fuerza. Precisamente de la expectativa inversa se derivó históricamente la delegación en el Estado, y la aceptación de un poder arbitral encargado de administrar en soledad la justicia, el premio y el castigo. El problema surge cuando el Estado abandona ese monopolio, dilapida la fuerza, la convicción y la legitimidad necesarias para cumplir con su misión. Esa desaparición desliza paulatinamente a la sociedad a una situación anómica crecientemente caótica y la retrograda a ese “estado de naturaleza” del que, según Hobbes, pudo emerger merced al Leviatán estatal.
Afirmar, a raíz de la sucesión de explosiones vindicativas, que “se rompió un contrato”, distorsiona la cadena de los hechos: aunque forme parte del mismo paisaje decadente, la reacción brutal frente al robo, la usurpación o el atropello no es lo que quiebra el contrato; éste estaba previamente disuelto por la proliferación impune del delito y por la impotencia o la capitulación del Estado.
Algunas figuras del sedicente garantismo jurídico (o abolicionismo penal) influyentes en este gobierno tienden a minimizar la intensidad de las penas o lisa y llanamente a suprimirlas. Para el delito en general, esa ideología reserva el atenuante de la “cuestión social”: victimiza prioritariamente al delincuente, describiéndolo como chivo expiatorio de un sistema cruel. Para esa visión, no es él, sino la sociedad, quien merece el castigo. Se trata de una versión jurídicamente destilada del antiguo epigrama: “la violencia de arriba justifica la violencia de abajo”, cuyos efectos ha sabido padecer la Argentina.
La explicación del delito por la pobreza (sea para culpabilizarlo, sea para absolverlo) es una injusticia, en principio, para los millones de pobres que no por serlo se vuelcan a la mala vida y que, en gran medida, son las primeras víctimas de ese mundo criminal que impone las reglas allí donde el Estado desertó de sus obligaciones: garantizar la seguridad de los ciudadanos y castigar a quienes la amenazan o la agreden. El castigo es indispensable para aceitar el orden social, refirmar sus valores y confirmar a todos los miembros de la comunidad la existencia de límites claros entre lo socialmente legítimo y lo dañino o peligroso.
El castigo salvaje y privatizado es consecuencia de la capitulación del Estado.