Zaffaroni es el impulsor y ferviente defensor de la fallida reforma del código penal, lo hace con la misma vehemencia con que justificaba al proceso de reorganización nacional, por cuyo estatuto juro como juez.
Hoy día su posición es de extremo abolicionismo para con la represión que impone el código vigente, pero no lo estaba hace 34 años con la represión del gobierno militar. Es confiable la opinión de un hombre, mejor dicho un juez de la corte, que abrazo dos pensamiento tan disimiles. Hace tres días penas de 30 años para quienes se defienden a los golpes de la barbarie delincuencial que se genero con políticas “garantistas” desde el ejecutivo, judicial y legislativo.
El 12 de diciembre de 1977. Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia, rechaza el Habeas Corpus presentado a favor de la estudiante de 23 años, Alicia Lisso, secuestrada en la madrugada del 27 de octubre de 1976 por “fuerzas de seguridad” de la dictadura de Videla. Alicia Lisso permaneció Desaparecida. En el 2011 sus restos óseos fueron encontrados, identificados y entregados a sus familiares.
El lector podrá apreciar en lo publicado por Urgente 24 las convicciones del Ministro de la Corte.
Dobble discurso del “progresista” Eugenio Zaffaroni y el libro maldito que lo incomoda.
El Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni se destacó durante todo el periodo kirchnerista no solamente por manifestar siempre posturas progresistas respecto a diversos temas, sino también por hacer una encendida defensa de los funcionarios de la gestión como el vicepresidente Amado Boudou. Sin embargo, el juez mas oficialista de la Corte Suprema no fue siempre así.
Hace 34 años, Zaffaroni escribió un libro denominado “Derecho Penal Militar” allí no solamente justifica el accionar de las Fuerzas Militares en plena dictadura, sino también manifiesta posturas a favor de la pena de muerte entre otros. Sin duda alguna, un libro que incomoda a más de un progresista k y a el, ya que lo vincula directamente a Zaffaroni con el proceso militar.
El Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni no fue siempre un “progresista k” tal como lo es ahora. Hubo otros tiempos donde, su discurso era muy diferente al actual.
En mayo de 1980, escribió, en coautoría con Ricardo Cavallero, un trabajo denominado Derecho penal militar, fue supervisado por dos auditores castrenses. En él sostiene que hay casos en los que no es inconstitucional la “supresión física del infractor”. También argumenta sobre la necesidad de que, en casos de excepción, se promulguen bandos militares que tipifiquen delitos para militares y para civiles.
En el trabajo académico el Juez más oficialista de la Corte expresa obsecuentemente: “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”, de esta manera arranca Eugenio Zaffaroni en el prefacio de su libro Derecho penal militar: lineamientos de la parte general.
Este trabajo de hace 34 añosal igual que el Acta donde se deja constancia del Juramento del entonces Juez Dr. Eugenio Zaffaroni por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional del Gobierno Militar, incomoda a más de un sector progresista del gobierno y que se pretende ocultar, para evitar que se vincule a su candidato a la Corte Suprema con el Proceso que condujo la Junta de comandantes en Jefe de las FF.AA, liderada por el Teniente General Jorge Rafael Videla.
El libro fue publicado el 26 de mayo de 1980, en plena dictadura, con coautoría de Ricardo Cavallero, y plantea posiciones inesperadas y contradictorias para el Zaffaroni de nuestros días, como la necesidad de dar muerte a los delincuentes, o la validez de los bandos militares para crear tipos penales.
El antiguo discurso de Zaffaroni
Solo para abrir el libro, el ahora progresista cita a José Ortega y Gasset cuando halagando a las fuerzas armadas dice: “Medítese sobre la cantidad de fervores, de altísimas virtudes, de genialidad, de vital energía que es preciso acumular para poner en pie a un buen ejército. ¿Como negarse a ver en ello una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana? La fuerza de las armas no es fuerza bruta sino fuerza espiritual”.
El libro de marras que complica a quienes impulsaron su candidatura a la Corte, es un verdadero compendio de justificación de las conductas achacadas a los mandos militares durante la guerra contra la subversión, a la que Zaffaroni llama “factores perturbadores”.
En su página 83 justifica la aplicación del Código de Justicia Militar a todos los ámbitos cuando de manera inequívoca dice: “El derecho penal militar no es un derecho excepcional, puesto que no renuncia a los principios generales del derecho y ni siquiera a los principios generales del derecho penal, aun cuando se dé la circunstancia misma de la guerra, sino que los adecua a la necesidad terrible que ella importa”.
El ex juez que consiguió un meteórico ascenso de un juzgado de instrucción a uno de sentencia ni bien asumió el “Proceso” (abril del año 1976) no se conforma con ello y sostiene en la página 93 que “es un incuestionable principio constitucional el de la legalidad penal: no hay delito sin ley previa; sin embargo, en caso de necesidad terribilísima, la ley militar
contempla la posibilidad de legislar por medio de bandos militares”.
contempla la posibilidad de legislar por medio de bandos militares”.
Zaffaroni no se reduce a eso, sino que en la página 107 aclara que los bandos también pueden ser utilizados en tiempos de paz, con el límite previo de “establecer que la zona afectada por la conmoción interior puede ser declarada zona de emergencia” y precisando que “la conmoción interior puede provenir de acción humana o material”, en clara referencia al accionar de los grupos subversivos e intervenciones militares, como la zona de emergencia declarada en la selva tucumana durante los primeros años de la dictadura.
Zaffaroni se refiere durante todo el libro como punto de referencia a la Ley de Defensa Nacional de aquel entonces, que fue dictada en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, rechazada por el progresismo autóctono.
Para terminar de aclarar la validez de los bandos, Zaffaroni deja claro que “el bando es una ley penal material cuya vigencia se limita a la permanencia de la circunstancia de necesidad terribilísima”, es decir, a la duración del gobierno militar.
El hoy cultor de los derechos humanos y el garantismo procesal tampoco se privó de justificar “la necesidad de dar muerte al delincuente”. A estos efectos explica que “la supresión del delincuente jamás tiene el carácter de una pena, pero no es inconstitucional cuando se impone como resultado de una necesidad” y completa sin sonrojarse: “Cuando la supresión física del autor responde a una necesidad terribilísima, nos hallamos con claros supuestos de inculpabilidad que encuadran sin dificultad en el artículo 34, inciso 2, del Código Penal” (inimputabilidad). Es decir, avala la inimputabilidad de quien “suprime” a un delincuente, según sus propios términos.
El aval de Zaffaroni
En el libro, Zaffaroni se dedica de manera sistemática a avalar al Proceso militar, como por ejemplo en la página 115 cuando dice que: “los imaginarios integrantes del grupo de habitantes de la Nación ante el ataque inesperado, habiendo desaparecido cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta, para evitar el inminente peligro que de esas circunstancias se deriva para sus vidas y bienes, habrán usurpado justificadamente la función pública”, en evidente referencia a una supuesta debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y justificar la irrupción de las fuerzas armadas para derrocarlo.
El entonces cada vez más militarista Zaffaroni lo completa sin privarse de nada, al decir que “la eficacia del grupo depende de que sus integrantes se hallen convencidos de que el esfuerzo enorme que realizan y de lograr superar la impresión de que la devastación y el dolor ajeno producen en cualquier ser humano normal, tiene su razón de ser, y no sólo se halla explicado perfectamente sino, también, que es absolutamente necesario y que puede ser coronado con el éxito”, explica.
¿Qué opinaba por aquél entonces Zaffaroni de la pena de muerte?
En innumerables apariciones de los últimos años, el jurista ha dejado en claro su rechazo a esa sanción fatal para castigar a un delincuente.
Pero en el manual de derecho penal militar, sostiene: “No puede afirmarse en forma rotunda que la supresión física del infractor sea inconstitucional en todos los casos que prevé el Código de Justicia Militar, puesto que no nos hallamos frente a la ley penal común sino ante un derecho penal especial que responde a una necesidad tremenda o enorme y que, en algunos casos, se funda en una necesidad que se halla mucho más allá de ésta, es decir, en una necesidad terribilísima”.
Y agrega, a modo de síntesis “La supresión del delincuente jamás tiene el carácter de una pena, pero no es inconstitucional cuando se impone como resultado de una necesidad terribilísima que permite encuadrar el caso como justificación o como inculpabilidad”.