Se trata de los montos conformados por el 15 por ciento aproximadamente de los aportes integrados por trabajadores y empleadores, que son depositados en el Banco Nación para atender casos de salud costosos, por ejemplo es la atención de las personas con HIV. Cada año, según la ley 23.660 que rige este trámite, el Gobierno devuelve los fondos que no fueron invertidos.
A través de la Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), la Administración de Programas Especiales (APE) es la que administra los más de $ 6.500 millones que se recaudan cada año.
Se estima que desde 2008 el Gobierno nacional restituyó sólo 1.000 millones entre las obras sindicales, lo que ha llevado a un deterioro creciente de la atención médica de muchas obras sociales.
Un dato más alarmante es que en la cuenta del Banco Nación destinada a estos fondos habría sólo $ 6.200 millones, surge el interrogantes sobre dónde fue a para el resto, es decir unos $ 20.000 millones.
En este escándalo con dinero aportado por trabajadores y empleadores, no se descarta que también tantos millones fueron reemplazados por títulos o bonos de la Deuda.Es decir, que pudiera tratarse de otro vaciamiento de fondos que el Estado sólo tiene que administrar y redistribuir cada año.
Las presunciones de que estas presuntas irregularidades sean ciertas, se dan también porque es adecuada la información sobre estas cuentas, lo que constituye el delito de Violación de los deberes de Funcionario Público, de Administración fraudulenta y otros delitos contra la Administración Pública que pudieran surgir.
La Auditoria General de la Nación(AGN) investigó los controles realizados por el Estado y la utilización de los fondos por las obras sociales, pero no pudo avanzar en detectar *la caja* donde fueron a para los miles de millones faltantes. Un relevamiento en cada Obra Social podría aportar las evidencias suficientes de las graves irregularidades cometidas por el Ejecutivo Nacional.
fuente caraycecaonline.com.ar