De hecho, hay muchos que ya están condenados por la sociedad. Solo falta que magistrados federales independientes que cumplan acabadamente con su labor concluyan investigaciones, procesen a imputados y eleven a juicio las causas en que están involucrados muchos funcionarios del actual gobierno, la mayoría aún en funciones. Debemos entonces rogarle a CFK que le hable al pueblo, a la Nación, a los argentinos. Sin público, sin aplausos interesados y gestos babosos. Muchos asistentes del público que la presidente convoca deberían estar ya tras las rejas.
A veces las comparaciones resultan odiosas; en otras oportunidades ilustrativas. Debemos analizar y justipreciar -ante la tragedia acaecida en Porto Alegre- que la presidente de Brasil, Dilma Rousseff se encontraba fuera de su país reunida con otros mandatarios. Abandonó todo y se fue a Porto Alegre a interiorizarse de lo acontecido. Como contrapartida no recuerdo que al momento de la desgracia de República Cromagnón quien presidía nuestro país (EL) se hiciera presente ante el similar episodio. Es más, entiendo que se mantuvo alejado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tampoco se hizo presente el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, -increíblemente hoy legislador, Hannibal Ibarra-, quien en vez de dar la cara se ocultó. La tragedia en la CABA se produjo por factores de corrupción en los controles pertinentes. Resultó eyectado del cargo, tras un impecable juicio político que constituyó un leading case y marcó un hito en la historia de la Argentina. Por primera y única vez en nuestro país un funcionario público fue destituido por ese constitucional medio. Debiéramos ponderar que si a lo largo de nuestra historia se hubieran promovido más juicios políticos, no hubiéramos lamentado tantos golpes de estado. Además, el índice de hechos de corrupción sería sensiblemente inferior al actual.
Resulta curioso escuchar a la presidente hablar de competitividad. Cuando se le pidió competitividad hablaba de inclusión social. Esa inclusión social que todos queremos pero no con dádivas sino con justas reglas. Para ello hay que comenzar insertando a los argentinos carenciados en el seno de la sociedad. Hasta que sus necesidades básicas se encuentren satisfechas, se eleve su nivel cultural, se logre su inserción laboral y se les garantice la vida en un lugar seguro, resulta grotesco que algún imbécil reclame viviendas para extranjeros indocumentados -o documentados en detrimento de los argentinos-, todo ello mientras padecemos los tours de parto de extranjeras de países limítrofes que llegan en ómnibus repletos de parturientas a punto de explotar y son lanzadas en hospitales de la Ciudad para que se hagan cargo.
Qué fácil es ser generoso con lo ajeno. Es lo que hace nuestra primera mandataria, cuando tras pedirle “un esfuercito a la Ciudad” con los subterráneos, se los tiró luego por la cabeza, destrozados tanto material rodante como estaciones y señalización. Y se los sacó de encima sin transferir los fondos pertinentes, tal como lo prevé nuestra Carta Magna. No es novedoso el corte de manga a quienes no la favorecen con el voto, ya que lo mismo hizo con la Policía.
En su discurso edulcorado con interesados aplausos de impresentables, criticó reiteradamente el costo que tendrá el pasaje del porteño “subte”. Puedo proponer una solución justa, consistente en cobrarle el pasaje $ 3,50 a los porteños que pagan impuestos, $ 4.- a quienes viven en la CABA pero no tributan impuesto alguno a la Ciudad, y $ 7.- al resto. Como nadie está obligado a subirse a un subterráneo, a quien le parezca injusto -u oneroso- tiene derecho a utilizar otro medio de transporte. Así, el mantenimiento del servicio lo solventarían -siquiera en parte- quienes lo utilizan.
Atravesamos circunstancias graves, pero la mayor de todas es la mentira. Desde el ejecutivo nos mienten la inflación, nos dibujan todos los números, y nos hacen cuadros comparativos con países del exterior en pesos. Parecen querer olvidar que ya pocos países aceptan nuestra moneda, y que al maldito “dólar blue” lo generaron ellos con las políticas de saqueo.
Un detalle: Si tras las amenazas y apologías del delito en que incurrió en los últimos tiempos -para no recordar tropelías anteriores- la presidente mantiene a Hebe de Bonafini en su círculo íntimo, tendrá más gente en la vereda de enfrente al momento de decidir su voto.
La grosería del verano fue el “logro” de su canciller. En negociaciones con Irán, fuertemente sospechada de que funcionarios diplomáticos que se encontraban en nuestro país están vinculados en forma directa al atentado a la AMIA, acordó que a los imputados se los interrogue en su propio país en vez de exigir su extradición. Es como mandar a Caperucita a la casa del Lobo para que éste le cuente que la culpa de todo fue de la abuelita. Obviamente el relato caerá un tanto pesado en la comunidad judía, la segunda mayor agraviada por el atentado, después de la República Argentina.
Nuestra presidente fue elegida para gobernar en democracia. Como abogado -y antes que termine la feria judicial- aporto que según reza nuestra Constitución, recae sobre el Poder Judicial el necesario control de constitucionalidad de las leyes que dicta el Legislativo, las que en oportunidades son propiciadas por el Ejecutivo. Es bueno entonces refirmar que el Poder Judicial es del mismo rango jerárquico que los otros dos poderes, y que el cabal funcionamiento de los tres conforma la base de la República; esa que el gobierno actual menoscaba al reclamar funcionarios judiciales a la medida de sus caprichos, esencialmente para perpetuarse en el poder como sea.
Abogado (Justa Causa)
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