LA NACION y Clarin rechazaron esa acusación, que calificaron de "aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico" y que lleva al "bastardeo de una causa como la de derechos humanos, política de Estado que debería ser preservada de intereses coyunturales". Pero el objetivo es, destacaron mediante un comunicado conjunto, "criminalizar a directivos" de ambos diarios.
Con la firma del secretario y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Luis Alén, respectivamente, y el patrocinio del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, la Casa Rosada pidió que se cite a indagatoria a ocho directivos de los tres diarios: Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, de Clarín ; Bartolomé Luis Mitre y Manuel Campos Carlés (ya fallecido), por LA NACION, y Sergio José, Patricio (también fallecido), Marcos y Hugo Fernando Peralta Ramos, por La Razón .
El juez federal Arnaldo Corazza deberá ahora analizar el planteo del Gobierno, que se presentó en la causa como querellante. Podrá rechazar o postergar el pedido, o convocar a todos o algunos de esos directivos a declaración indagatoria para luego determinar si dicta su procesamiento, su falta de mérito o su sobreseimiento.
En el caso de procesar a uno o varios directivos, sin embargo, el Gobierno podría lograr su inmediata detención, aun cuando algunos superan los 70 años -Herrera de Noble y Mitre, entre ellos- y podrían acceder al arresto domiciliario, no así Magnetto, de 66 años.
El máximo ejecutivo del Grupo Clarín fue el centro de la querella. A tal punto de acusarlo, dos veces, que "de manera directa y explicita, Héctor Magnetto amenazó de muerte a Lidia Papaleo a fin de que firme la compraventa", en tanto que estimó que el ya fallecido Patricio Peralta Ramos le dijo a Ianover "que en caso de que firmara no le sucedería nada, es decir, no lo privarían de la libertad o desaparecerían" todos.
De manera más amplia, el Gobierno afirmó que "debe investigarse exhaustivamente la apropiación ilícita por parte de Clarín, La Razón y LA NACION de la empresa Papel Prensa SA". Tras sostener que ya está "demostrado" la actuación irregular, estimó que el traspaso "se cometió mediante los delitos de asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte-, vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad".
Según el relato oficialista, existió una "distribución de roles". Por un lado, "la Junta Militar transmitía su decisión a los integrantes del «Grupo Graiver»" de aprobar la venta de Papel Prensa si los compradores eran los diarios, y éstos "intimidaban sin escrúpulos" a los Graiver con sus artículos periodísticos, cuando informaban sobre la caída de los bancos en Estados Unidos y Bélgica, entre otras noticias.
Esa supuesta "intimidación", según Duhalde y Da Rocha, la protagonizó la "gran prensa" que también apoyó a la dictadura, en la que sin embargo obvió el rol de, entre otros, los diarios La Opinión y La Tarde, de Jacobo y Héctor Timerman, el actual canciller que, por el contrario, el Gobierno propuso como testigo en su querella.
En su presentación, el Gobierno se apoyó en varios testimonios recabados por la justicia militar en plena dictadura, así como en el dictamen que firmó el fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, tras el retorno de la democracia.
La alusión oficialista al dictamen de Molinas, sin embargo, resultó sesgado. A lo largo de las 192 carillas del escrito oficial, así como de las 24 carillas del "resumen" que difundió la Secretaría de Derechos Humanos, en ningún momento consignó que el fiscal concluyó que los diarios fueron compradores de "buena fe". En efecto, Molinas estimó que no hubo coacción en la venta de Papel Prensa, así como "no existe prueba alguna contra ellos [por los diarios] que permita formularles un cargo [criminal] concreto, apareciendo, prima facie, como terceros de buena fe, y consolidados luego de muchos años al frente de la compañía".
La presentación oficial también afirmó que al declarar ante la Justicia meses atrás, el testaferro de David Graiver, Rafael Ianover, "ratificó en todos sus términos" lo que poco antes había dicho ante la Secretaría de Derechos Humanos. No es así. Bajo juramento, Ianover se rectificó al aclarar que los Graiver "en realidad fueron detenidos después" de la venta de Papel Prensa, cuando antes había dicho que el traspaso ocurrió después de sus arrestos.
"Falaz operación oficial"
Pocas horas después de conocerse la querella oficial, LA NACION y Clarín emitieron un comunicado conjunto de prensa, en el que señalaron que el Gobierno "sigue buscando criminalizar" a sus directivos. También expusieron:
* "Que pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico".
* "Que pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia".
* "Que este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial".
* "Que el bastardeo de una causa como la de los derechos humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales- ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales".
* "Que tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás, en estos 27 años de democracia, se han formulado denuncias al respecto".
* "Que tampoco nunca aparecieron cuestionamientos en las causas judiciales y administrativas llevadas adelante en democracia, tal como lo señalaron recientemente reconocidos protagonistas de esos procesos".
fuente lanacion