Varios juristas coinciden en que el Congreso deberia intervenir parcialmente la provincia

 “La consecuencia del incumplimiento por parte de la provincia tiene que ser institucionalmente la intervención de la provincia y, personalmente, la prosecución de una causa penal contra la persona del gobernador”, expresó el profesor Andrés Gil Domínguez, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “ Es un desacato al derecho establecido por la Corte Suprema ”, añadió Gil Domínguez sobre la actitud del gobierno santacruceño.

El ex ministro de Justicia Jorge Vanossi dijo que utiliza el “caso Sosa” en sus clases universitarias. “Aunque la Corte no lo diga expresamente, corresponde analizar por el Congreso si se dan las circunstancias para una intervención federal para alguno de los poderes de la provincia. Esto ya debiera haber sido dispuesto con anterioridad”, opinó Vanossi. Además, destacó que “es la primera vez desde 1863, en que empezó a funcionar la Corte, que una provincia desacata al tribunal, lo cual es muy grave”.

El constitucionalista Jorge Alejandro Amaya sostuvo que “el incumplimiento del gobierno santacruceño es un claro ejemplo de desobediencia e implica un caso claro de intervención federal en función del artículo 6 de la Constitución Nacional”. Recordó que “esto viene de hace muchísimo tiempo” y se quejó de que el Poder Judicial deba depender de otro poder “para poder hacer cumplir su sentencia”.

Gregorio Badeni calificó de “patológico” al caso Sosa y dijo que “demuestra que no está plenamente vigente el estado de derecho en la Argentina, en la medida en que en varias oportunidades el gobierno de Santa Cruz se negó sistemáticamente durante 10 años a cumplir con una sentencia emanada del superior tribunal nacional”.

fuente clarin