La medida, según publicó el diario PERFIL revierte la desregulación que se impuso en la década del '90 con el decreto 2284/91, de Carlos Saúl Menem, y que se consolidó bajo la presidencia de Fernando de la Rúa con el decreto 1025/00, dos normas resistidas por los canillitas. A partir de ahí los medios empezaron a vender en estaciones de servicio y supermercados, y también con personal propio en la calle. Esto aumentó la inestabilidad en el trabajo de los afiliados, que perdieron el 20% del salario cuando los diarios bajaron el ingreso por precio de tapa.
Guiño gremial. La medida tomada por el oficialismo beneficiará al líder de los camioneros, Hugo Moyano. Si bien no será el directo agradecido, el sindicato de canillitas está bajo el mando de un aliado suyo: Omar Plaini. En diálogo con el diario PERFIL, Plaini explicó que la decisión “va a permitir blanquear la actividad, para saber quién vende diarios. Va a existir un registro en poder del Sindicato y del Ministerio de Trabajo para que no sean las editoriales las que decidan quién distribuye y quién no”.
Para las empresas, en cambio, esto podría transformarse en una vía de presión sobre la distribución de diarios y revistas, como ocurrió el año pasado, cuando Camioneros impidió la distribución de los diarios Clarín, La Nación y PERFIL.
Plaini anticipó que después de este logro irán por otras conquistas, como por ejemplo, discutir si se aumentan los ingresos cuando los diarios reciben mayor publicidad oficial; lo mismo, cuando hacen suplementos especiales con publicidad; debatir si corresponde que se les pague a los canillitas por el armado de los diarios.
Pelea mediática. Hace dos semanas el Gobierno denunció la transferencia “espuria” de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El jueves anunció que iría a la Corte Suprema con un recurso de amparo para frenar un negocio personal del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda. Todo parece indicar que el miércoles comenzará otro capítulo.
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