Tres juzgados para una causa

Fernández el miércoles pasado. Hoy, la mirada estará puesta en los miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, quienes deberán definir si dan curso a las presentaciones que el sábado hizo el Gobierno en contra de las resoluciones de la jueza María José Sarmiento. Mientras el tema se desenreda en la Justicia, Redrado estará bien temprano en el Banco Central para ocupar el cargo que, al menos por ahora, conserva.

Cuando hoy lleguen a sus oficinas, los camaristas de turno Carlos Greco, Néstor Buján y José Luis López Castiñeira se encontrarán con las dos apelaciones que, salteando el juzgado de Sarmiento, el Gobierno les dejó durante el fin de semana. La primera se opone a la decisión de la jueza de bloquear el Fondo Bicentenario y la segunda a la suspensión del desplazamiento de Redrado del Banco Central.

La ley dice que la apelación a una medida cautelar se presenta ante el tribunal que dictó la resolución. Como eso no fue lo que hizo el Gobierno, la Cámara deberá decidir si concede el recurso y, entonces, le pide el expediente a Sarmiento; o si lo rechaza y deja en manos de la jueza tal decisión.

En el caso de habilitar las apelaciones, los camaristas también deberán definir si le dan efecto suspensivo. Es decir, si durante el lapso en que se resuelven los planteos, los amparos que dictó Sarmiento quedan sin efecto. Si es así, Redrado volvería a quedar fuera del cargo. Y por segunda vez, el vicepresidente Miguel Pesce quedará al mando interio del Central.

Como se trata de medidas cautelares, la Cámara Nacional de Apelaciones es el tribunal más alto al que pueden llegar las presentaciones. La Corte Suprema de Justicia sólo podría intervenir cuando está en discusión el fondo del asunto. Ése es el caso de la demanda que hizo el gobierno de San Luis en contra del gobierno nacional para que se impugne el decreto que autorizó el uso de las reservas federales para pagar la deuda pública. Uno de los últimos días de 2009, el máximo tribunal aceptó el planteo y retomará su análisis luego de la feria judicial de verano.

Otro de los coletazos del DNU que desplazó a Redrado del Central es la denuncia penal por “mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público” que presentó la Procuración de Tesoro Nacional por orden de Cristina Kirchner. El viernes, el azar del sorteo en Comodoro Py puso la acusación en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien hace sólo dos semanas sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

“Redrado aún no fue notificado de esa denuncia penal, así que no estoy al tanto del expediente”, señaló a Crítica de la Argentina Gregorio Badeni, abogado del reasumido presidente del Banco Central.

La tercera jueza en cuestión es, obviamente, María José Sarmiento. Pero sólo por esta semana. Desde el 16 de enero, el magistrado de turno será Ernesto Marinelli, y, con el fin de la feria judicial, el reclamo de Redrado tendrá como jueza definitivo a Liliana Heiland.

Sarmiento se colocó en el ojo de la tormenta el viernes, cuando en sólo tres horas decidió dictar las dos medidas cautelares que frenaron los DNU de la polémica. Si la Cámara acepta dar curso a las apelaciones del Gobierno, la jueza podrá comenzar sus vacaciones sin cámaras y grabadores en la puerta de su casa.

La asociación de magistrados respaldó a Sarmiento

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió a respaldar a María José Sarmiento, la jueza que frenó los decretos presidenciales y restituyó en su cargo a Martín Redrado. La agrupación que preside Ricardo Recondo manifestó “su más enérgico repudio” acerca de las declaraciones del ex presidente Néstor Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre la actuación de la magistrada.

“Expresamos una profunda preocupación en relación con la salud de las instituciones republicanas, ante el nuevo avasallamiento intentado respecto de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”, señaló la Asociación a través de un comunicado en el que también defendió a Sarmiento por su “idoneidad profesional en los 31 años de carrera” y por “su independencia, de la que da cuenta el tenor de sus resoluciones a lo largo de su gestión, que no han tenido como beneficiarios a ningún grupo económico, partido político, gobierno, oficialismo u oposición”.

OPINIÓN

El Poder Judicial sale a la cancha
Manuel Garrido (Director de Justicia y Transparencia del CIPPEC)

La semana se cerró en medio del ruido generado por diversos recursos judiciales, la desesperada búsqueda de una jueza con el auxilio de la Policía, el cruce de la cordillera de un vicepresidente con ansias de protagonismo, nostalgia de per saltums y discusiones sobre los efectos de los recursos de apelación, la naturaleza de los decretos de necesidad de urgencia, el alcance de la habilitación de días y horas inhábiles y muchos otros temas jurídicos que súbitamente han cobrado interés público.

Detrás de toda esta hojarasca, lo que está en discusión es cómo el Poder Ejecutivo podrá gobernar a partir de ahora con un Congreso que ya no domina.

La previsible utilización de vetos legislativos y decretos de necesidad y urgencia debe ser evaluada y controlada por el Poder Judicial.

En este novedoso panorama conflictivo, en el que hasta insólitamente la presidenta y el vicepresidente representan a oficialismo y oposición, adquiere protagonismo el Poder Judicial como regulador de conflictos y delimitador del alcance de las facultades reconocidas por la Constitución al Poder Ejecutivo. Éste las necesita más que nunca para gobernar, pero no son ilimitadas.

Y más allá de las facultades de revisión de los decretos de necesidad y urgencia y de la promulgación parcial de leyes que competen al Congreso, la preservación de tal intervención parlamentaria y la última palabra corresponden al Poder Judicial.

Es, entonces, el Poder Judicial el que debe resolver cuestiones tales como el alcance de las razones de necesidad y la urgencia requeridas por la Constitución, hasta qué punto eso será revisado, cuándo existen razones excepcionales que hagan imposible recurrir al Congreso para la sanción de las leyes y otros aspectos que el texto constitucional establece.

Hace pocos días, cuando era difícil presagiar este desenlace, se puso en duda la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia atribuyendo a su presidente supuestas aspiraciones electorales.

La desmentida, formulada a través de voceros, debería ser reforzada, ya que hoy, más que nunca, es necesario que el protagonismo y la imparcialidad de la Corte estén fuera de toda duda o sospecha, como las deslizadas por el jefe de Gabinete al comienzo de la semana.

Es en esta oportunidad cuando se comprobará si es genuino el respeto a la independencia judicial que se proclamó al designar a gran parte de los integrantes de la actual Cort
e Suprema de Justicia.

Fuente : Critica