Otra muestra de desprecio por las instituciones

última de preservación de poder. El capítulo actual que vivimos con el BCRA continúa una saga que empezó con la apropiación de recursos provinciales y luego siguió con la confiscación de fondos de la Anses y el uso de depósitos del Banco Nación.

Esta vez, el Gobierno procuró forzar al BCRA a incumplir su propia carta orgánica a través de la utilización de sus reservas para pagar deuda y gastos corrientes. Y luego, frente a la supuesta desobediencia de sus autoridades e ignorando la necesaria participación que tiene el Congreso Nacional en estos casos, exigió el desplazamiento inmediato del titular del BCRA.

La UCR ha mantenido una posición consistente frente a esta situación desde el momento mismo de su sanción, cuestionando la legalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 2010/09 de creación del Fondo del Bicentenario. Este decreto, que instruye al BCRA a transferir US$ 6500 millones de sus reservas a una cuenta del Tesoro nacional, contradice manifiestamente el artículo 3 de la carta orgánica del BCRA, que indica que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional", y el artículo 20, que señala que "queda prohibido al banco conceder préstamos al gobierno nacional con excepción de los adelantos transitorios".

Por esta razón, habíamos advertido a las autoridades del BCRA que se abstuvieran de transferir esos fondos al Tesoro nacional, y por ello, apoyamos la posición que vienen sosteniendo hasta el momento.

No se puede achacar incumplimiento de los deberes de funcionario público -como ha dejado traslucir el jefe de Gabinete- a quienes respetan las prescripciones de su carta orgánica y la autonomía de la entidad monetaria.

Por último, el Congreso Nacional tiene un rol fundamental que cumplir en la resolución de este conflicto. Sin que exista renuncia de por medio, la única alternativa para la desvinculación de las autoridades del BCRA es su remoción, la cual deberá ser "decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación."

Aquí no se trata de defender a Martín Redrado como presidente del Banco Central. Se trata de proteger la institucionalidad de nuestro país -en este caso, la institución BCRA- frente a un gobierno voraz e inescrupuloso, que parece ignorar que los tiempos han cambiado y que un sector cada vez más importante de la sociedad -y por ende de sus representantes- ya no está dispuesto a tolerar más atropellos de esta naturaleza.

El autor es senador nacionaly presidente de la UCR

Fuente : La Nacion