Poder Ejecutivo está obligado a presentar ante una comisión especial de parlamentarios las que considera que son las causales de remoción del funcionario. Pero ese cuerpo no podrá constituirse hasta que el Senado no defina cómo repartirá las comisiones entre el oficialismo y oposición, negociación que comenzará recién en febrero.
Las dos únicas posibles causas para la destitución que admite la Carta Orgánica son la mala conducta o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si el Gobierno considerase que alguna de esas dos situaciones existe o existió, deberá presentar las pruebas ante una comisión integrada por el presidente de la Cámara alta, Julio Cobos; los titulares de las comisiones de Prespuesto (en ambos cuerpos); de Economía en el Senado y de Finanzas en Diputados. Ese grupo deberá a su vez evaluar las razones de la Casa Rosada y emitir uno o varios dictámenes sobre la cuestión, que no serán vinculantes.
Es decir, el Ejecutivo está obligado a pasar por el Parlamento, pero no a obedecer sus recomendaciones. Así, si decidiera avanzar institucionalmente en la remoción de Redrado, la Casa Rosada tendría el camino allanado, aunque deberá esperar para que su objetivo se concrete. Y es que, más allá de que el Congreso se encuentra actualmente en receso, ni los diputados ni los senadores decidieron aún qué legisladores presidirán las comisiones de ambas Cámaras. Eso significa que no hay todavía definiciones sobre los titulares de Presupuesto, Finanzas y Economía que deberían, junto a Cobos, analizar la cuestión.
En la Cámara de Diputados esa determinación está más encaminada porque oficialistas y opositores alcanzaron, durante diciembre, un acuerdo por la integración de las comisiones y el reparto de las presidencias. Sin embargo, son las propias comisiones las que deben darse un titular. Y como todavía no se reunieron, no tuvieron ocasión de elegir a sus presidentes. Se presume que en la de Presupuesto –que en la distribución quedó para el oficialismo– continuará el santafesino Gustavo Marconato; mientras que la de Finanzas –que fue para la oposición– quedaría en manos del diputado por la Coalición Cívica-ARI y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay.
En el Senado el panorama es más borroso, porque los legisladores patearon para febrero la negociación por la integración de comisiones.
Ayer, Cobos consideró “imprescindible” que el DNU que originó el conflicto entre Redrado y el Ejecutivo sea considerado “de inmediato” por el Congreso. Y estimó que, en el Senado, eso ocurriría el 3 de febrero “salvo que las circunstancias aconsejen adelantar la fecha prevista”. Ese sería un primer paso para intentar una salida al enfrentamiento, aunque tampoco es posible avizorar qué resultaría de la propuesta, ya que el oficialismo se cree en condiciones de sostener el decreto en la Cámara alta, mientras que la oposición está segura de poder rechazarlo en Diputados.
Cobos abrió así otra puerta para solucionar el enfrentamiento, al apoyar el reclamo de Redrado para que el Congreso sea el que decida sobre la validez o no del DNU que crea el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda con reservas del Central.
Pero, sea cual fuere la estrategia, es el Congreso el que tiene la última palabra, en un camino que llevará semanas recorrer.
Fuente : El Cronista