Tarifas: el Gobierno estudia aplicar ajustes de suma fija segun cada factura

El objetivo es analizar cómo podrían actualizarse las tarifas sin que eso tenga un impacto público tan marcado como a mediados del año pasado, y a la vez reducir el aporte estatal para cubrir la brecha con los costos reales de producción. El procedimiento no es nuevo, ya habían surgido negociaciones del mismo tenor a fines de 2007, que luego se plasmaron en los aumentos en electricidad de mediados de 2008. Pero las charlas hoy vuelven a darse y toman mayor importancia dado que, en un juego de necesitados, es el Estado el que más urgencias tiene: para el 2010, está planeada una quita de subsidios de 14% con relación al año pasado. En 2009 se entregaron, en concepto de compensaciones a sectores económicos alrededor de $35.300 millones, de los cuales más de $16.000 millones fueron al sector energético.

El tema tarifario ya está sobre el tapete desde principios de diciembre. “La intención, para que sea algo prolijo, es que los aumentos de tarifas salgan todos juntos”, reconoció Antonio Pronsato, interventor del Enargas, semanas atrás. Aunque no quiso dar precisiones respecto a la fecha exacta para poner en marcha los ajustes.

“Acá hablan todos con todos, pero nunca se sientan juntos, y así es muy difícil encontrar una solución que vaya más allá de cada caso en particular”, aseguró a El Cronista una fuente empresaria. Es que, justamente por esta razón, la percepción generalizada es que las subas, que se especulan para febrero o marzo, van a depender de qué pueda lograr cada compañía, nuevamente por fuera de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), el camino lógico del sendero de precios.

La RTI es una parte de la revisión de contratos de las privatizadas que, según la ley, debería llevarse a cabo cada 5 años. Sin embargo, hace años que no se realiza, y tampoco parece que el procedimiento formal llegue a tiempo hoy para que los aumentos se plasmen en el corto o mediano plazo: lo primero que se debería hacer es convocar a Audiencia Pública, con por lo menos 15 días de anticipación a la fecha de realización, y luego pasar por la autorización del ENRE, el Ejecutivo y el Congreso.

En las oficinas financieras de una gasífera aseguran que el Ente Regulador del Gas (Enargas) “ya tiene cerrada hasta la cifra del aumento para la RTI”, y que “sólo espera el visto bueno oficial para empezar a trabajar”. En las eléctricas, en cambio, las cosas no son tan claras, aunque a mediados del año pasado, Alejandro Macfarlane, presidente de Edenor, la distribuidora más importante del país, ya marcó la cancha al sugerir que “la tarifa debería subir entre $20 y $25 para acomodarse”.

La idea de olvidarse de los porcentajes y “empezar a hablar en plata” surgió –según pudo saber El Cronista–, en una reunión entre Planificación y la cúpula del Sindicato de Luz y Fuerza, donde se abordaron las posibles soluciones al impacto público de nuevas subas.

Los dichos de Macfarlane, que luego reforzó el histórico gremialista eléctrico, Oscar Lescano, fueron además muy bien vistos por el sector gasífero que, de ahora en más, considera que es “más práctico evitar hablar de porcentajes que, finalmente, no se cumplen, y blanquear los montos en dinero por factura”.

En esta nueva puja por el reacomodamiento de tarifas, los gremios son la carta fuerte del sector energético, sobre todo en el sector eléctrico, donde históricamente el sindicalismo ha tenido injerencia fundamental en las decisiones gubernamentales. “La inflación real crece, y para conseguir subas salariales, tienen que acomodarse para arriba los números de las empresas”, explican desde el gremio.

Fuente : El Cronista