Cuesta creer que no haya delito

hayan considerado importantes pruebas y, además, sobre la base del estudio de peritos sospechados de parcialidad.

Por supuesto que en un sistema republicano deben imperar los controles, y en ese sentido tanto el fiscal con competencia en la cuestión como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debieron haber apelado el fallo, asegurando así la debida protección del interés general. Pero lejos de ello el fallo ha quedado firme por el desconcertante incumplimiento de sus deberes de parte de estos funcionarios.

El fiscal Taiano una vez más con su silencio cómplice ha desconocido de manera flagrante la misma razón de ser de su función. Y la actitud del fiscal de investigaciones nos lleva a recordar lo que expresó en su renuncia Manuel Garrido, su antecesor.

Entre otras alarmantes consideraciones, Garrido manifestó que le era imposible desempeñarse en su cargo, ya que debía enfrentarse a un sistema prohijado por el Gobierno, encaminado a garantizar la impunidad de los funcionarios frente a la comisión de actos de corrupción, cuando él debía combatirla en todos los frentes.

Aquellas palabras de Garrido fueron premonitorias, pero nada se hizo. Todo lo contrario, se profundizó esta suerte de "malla de seguridad" a favor de quienes no comprenden su rol de servidores públicos y, por el contrario, se sirven de sus cargos para satisfacer sus intereses personales.

La Argentina una vez más incumple sus obligaciones como Estado parte de las convenciones internacional y regional para la lucha contra la corrupción, ya que lejos de realizar los actos que aseguren su vigencia se desentiende de sus obligaciones internacionales.

Así, no es por casualidad que año tras año la Argentina aparezca más abajo en la lista de países que realiza Transparencia Internacional, situándose entre los peor calificados en la lucha contra este flagelo para la democracia y para el desarrollo de los pueblos.

Urge llevar a cabo las modificaciones procesales que les permitan a organizaciones no gubernamentales y a denunciantes la realización de las apelaciones y demás actos en aras de la revisión de una sentencia que involucra a la actual primera mandataria y a un ex presidente en la comisión de actos de enriquecimiento ilícito.

He acá otra materia para la agenda del nuevo Congreso, a la que se debería agregar el fortalecimiento de las penas previstas para los delitos contra la administración pública y la flexibilización de los pasos que deben asegurar su esclarecimiento.

Lo ocurrido debilita nuestra ya maltrecha democracia, agudizando su mala calidad institucional y provocando en la comunidad una sensación de desaliento que los argentinos queremos superar.

El autor es profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA

Fuente : La Nacion