El juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez podría sumar testimonios que se produjeron en la causa de los cuadernos de
las coimas, donde se apunta a la responsabilidad de la ex presidenta en el favorecimiento del empresario santacruceño.
El fiscal del juicio, Diego Luciani, pidió al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que se lo autorice a acceder a la causa donde busca cerca de nueve testimonios. Los oficios ya fueron librados al juzgado de Claudio Bonadio.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
La causa donde el juez Claudio Bonadio procesó a más de un centenar de empresarios por la cartelización en la obra pública bajo la acusación de que pagaron sobornos a ex funcionarios del gobierno kirchneristas para garantizarse contratos, podría cruzarse con el juicio donde la senadora de Unidad Ciudadana está señalada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos, la cifra que percibió Lázaro Báez en contratos que según la Justicia fueron direccionados.
Bajo la premisa de que hay testimonios de imputados colaboradores que podrían ser claves para el juicio -que hasta ahora se sostiene en un expediente de 60 cuerpos y más de 70 cajas de documentación- el fiscal Luciani solicitó al TOF 2 el acceso a los testimonios de la causa de los cuadernos.
En esa causa, Cristina fue multiprocesada por distintos episodios y hechos de soborno a diversos contratistas y concesionarios estatales. Al referirse a la cartelización de la obra pública -una de las estructuras ilegales que el juez Bonadio detectó en su investigación- el magistrado afirmó: “Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”. El protagonista primigenio de esa supuesta maquinaria no es otro que Lázaro Báez.
Esa cartelización, que se investiga en una causa desprendida del expediente central de los cuadernos, se basó en testimonios claves, como el de José López (ex secretario de Obras Públicas) quien señaló que Cristina Kirchner estaba al tanto de la maniobra de cobro de sobornos, y que era quien marcaba en una lista a qué empresarios se les debía pagar con carácter prioritario (lista encabezada por Báez.
Al fiscal Luciani también le interesa la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, quien indicó que se cartelizaba la obra pública y que se pagaban sobornos de hasta el 30% por contrato.
Junto a estos testimonios, se contemplaron otros como el del financista Ernesto Clarens, quien dio detalles de la metodología de cobro de las coimas a los empresarios de obra pública. Esos son sólo algunos de los nueve que el fiscal espera incorporar al juicio donde se acusa a la ex presidenta de montar una “estructura desde distintos estamentos del Estado para posicionar al amigo presidencial en empresario de la construcción”.
El lunes 24 de junio se retomarán las audiencias del juicio que tiene otros doce imputados además de Cristina, y se continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El núcleo central de esa acusación dice que desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.