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Un diputado provincial y un intendente, imputados por corrupción de menores

Redacción TN by Redacción TN
23 octubre, 2018
in Sociedad
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El intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, y el legislador provincial, Javier Iud, ambos del Frente para la Victoria, quedaron formalmente imputados por el delito de corrupción de menores en

Viedma, Río Negro, informó la fiscal del caso Paula Rodríguez Fransen.

Esta misma semana podría conocerse la fecha para la audiencia de formulación de cargos que será presidida por la juez Itzia Soly.

Javier Iud, legislador del FpV, acusado de corrupción de menores.

Javier Iud, legislador del FpV, acusado de corrupción de menores.

A los dos reconocidos políticos rionegrinos se los acusa de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad en el periodo que va del 2016 a principios de 2018 a cambio de drogas, dinero y regalos.

Los hechos fueron relatados por la joven que hoy tiene 17 años a funcionarios de la Secretaria de Niñez, adolescencia y familia (SENAF) en junio del presente año. En la actualidad la víctima se encuentra viviendo en un hogar provincial.

La chica contó a las funcionarias que asistía habitualmente a fiestas privadas de las que participaban Ojeda y Iud. Después corroboró sus dichos en Cámara Gesell.

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La semana pasada otra joven, quien dijo ser amiga de la denunciante, amplió la descripción de los encuentros. Contó a la fiscalía que ella acompañaba a la menor a las casas de adultos, entre ellas la de Ojeda, y la esperaba afuera. Como lo hacían habitualmente ya tenía identificadas las propiedades y sus dueños. La chica le detallaba que tenía sexo y en pago le daban dinero y también drogas. “Ella me lo contó, que lo hacía por dinero”, fue una de las frases de la joven que trascendió a lo medios regionales. Los otros imputados de la causa son Dario Fortete, Gastón Navarretti y Eric Pérez.

Mientras tanto, desde la CTA de Río Negro exigieron que el intendente y el legislador renuncien a sus cargos hasta que termine la investigación porque podrían intervenir en el proceso. “Se debe evitar que desde una posición de poder puedan obstruirse las investigaciones. Además, la afectación personal que en este momento padecen tanto el legislador como el Intendente, no garantiza que puedan ejercer plenamente y de manera eficaz sus funciones”, señaló en un comunicado Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

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