Los ex fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia reiteraron este lunes a través del alegato de su abogado defensor, Santiago Marino Aguirre, que no participaron de las negociaciones ni estuvieron
al tanto del pago que el ex vendedor de autos usados Carlos Telleldín recibió de parte de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) para inculpar a un grupo de ex policías bonaerenses por el atentado terrorista de 1994 contra el edificio sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Fue al reanudarse el juicio oral que se les sigue a ellos junto con el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem, Telleldín y el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, entre otros, tras la feria judicial de invierno, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2), integrado en este caso por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. El alegato apuntó también contra el kirchnerismo y algunas de las querellas del juicio.
Mullen y Barbaccia están acusados, entre otros delitos, por el pago de 400 mil pesos/dólares al primer detenido que tuvo la causa, Telleldín, para que dijera que les había entregado la camioneta tipo Traffic usada como coche-bomba en el atentado a los ex policías bonaerenses liderados por el ex comisario Juan José Ribelli. Tanto Telleldín como los ex agentes policiales terminaron absueltos en el primer juicio oral llevado a cabo la década pasada por el atentado terrorista que provocó la muerte de 85 personas y que aún permanece impune.
Marino Aguirre, defensor oficial, dijo al inicio de su alegato que la sola enunciación de los delitos que se les imputan a los ex fiscales a los que asiste en este juicio “son una muestra acabada de que no existía ninguna razón jurídica” para que ellos estuvieran ahora en el banquillo de los acusados siendo los fiscales que originalmente estuvieron a cargo de la causa por el atentado.
El defensor de los ex fiscales, en un alegato de cinco horas, recordó que tres querellas acusaron a ellos en sus alegatos junto con la los representantes del Ministerio Público Fiscal que sucedieron al fallecido Alberto Nisman en la llamada Unidad AMIA pero que otros tres acusadores privados no lo hicieron, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación.
“Eso no es algo menor, porque esa cuestión aritmética nos está demostrando la falta de certeza y, por lo menos, la duda”, expresó el defensor oficial. Para Marino Aguirre, durante el juicio oral iniciado hace dos años no se logró demostrar la responsabilidad penal de Mullen y Barbaccia en los delitos que se le imputan. El abogado desarrollará sus argumentos durante al menos cinco o seis audiencias más, según estimaron fuentes judiciales.
Marino Aguirre sostuvo que “todas las personas que participaron de ese pago de 400 mil dólares” a Telleldín y con la supuesta anuencia de Galeano “declararon de modo unánime que los doctores Mullen y Barbaccia no habían participado de ninguna manera en esa operación”. El pago fue probado en el primer juicio oral por el atentado a partir de las declaraciones de los agentes de inteligencia que intervinieron en el mismo, relevados del secreto profesional por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner.
El abogado defensor denunció que intervino “la política en el direccionamiento de algunas de las querellas alineadas políticamente” con el gobierno de Cristina Kirchner, haciendo alusión particular a Memoria Activa y su relación con el CELS, al cual pertenece el abogado de esa agrupación de familiares, Rodrigo Borda. Además destacó la preocupación que genera que ese alineamiento “sea funcional con las estrategias de Telleldín y los ex policías”. Memoria Activa y el CELS siempre negaron estas acusaciones.
En primer lugar, la defensa sostuvo que las querellas de Memoria Activa y la UFI-AMIA -manejada por fiscales nombrados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y en reemplazo de Alberto Nisman- habrían actuado “coordinadamente con los funcionarios del anterior gobierno con el fin de llevar a un punto muerto la investigación sobre los ex policías comandados sobre Ribelli”. Para demostrar la supuesta connivencia entre esa agrupación y ex funcionarios, enumeró una serie de coincidencias, como “la presencia del abogado de Memoria Activa, Alejandro Rúa, que pasó de ser designado como jefe de la unidad del ministerio de justicia que investigaba el caso AMIA, para pasar luego a representar a Memoria Activa y a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el juicio que se le sigue por la firma del Memorándum con Irán”.
Otra fue “la designación en la querella de Memoria Activa de otro abogado, Luciano Hazán, que tardó once días en dejar su cargo en el Memoria Activa y pasar al ministerio de Justicia”. En efecto, Hazán dejó su cargo el 26 de septiembre de 2011 y asumió, según muestra una escritura que adjuntó el defensor oficial, como abogado de ministerio el 7 de octubre siguiente.
Es decir, que “el mismo funcionario que supuestamente debía actuar con objetividad por representar al estado, pasó a una de las partes acusadoras sin respetar los tiempos de prescripción que establece la Ley de Ética Pública para evitar conflictos de intereses”, agregó.
La defensa destacó “la casualidad que Sabrina Namer, la abogada de la UFI AMIA designada por la ex procuradora Gils Carbó, fuera luego designada jueza y contratara como secretaria a una persona vinculada al CELS y Memoria Activa”. Namer no se apartó de la causa por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán y tuvo que ser removida por la Cámara Nacional de Casación Penal que recordó su conflicto de intereses por haber estado en la UFI AMIA. Incluso, recordó que el abogado Borda “criticó fuertemente el protagonismo de José Console, abogado del ministerio (en la actualidad), a quien calificó duramente al decir que no había tenido ningún rol en el juicio, luego de tenerlo sentado al lado por un año de desarrollo del debate en los estrados”. También criticó que el abogado de Memoria Activa “mintiera en su alegato al decir que el ex fiscal Alberto Nisman había firmado el requerimiento de elevación a juicio de Mullen y Barbaccia, cuando en las pruebas no constaba en ningún lado tal documento”.
El abogado de los ex fiscales explicaron que en la imputación por haber estado presentes en la negociación del pago a Telleldín, “se basaron solo en el testimonio del ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz, que en el mismo tribunal y ante los mismos jueces no pudo presentar una sola prueba que probara sus dichos respecto al conocimiento de Mullen y Barbaccia sobre esa operación, que según se probó estuvo a cargo del juez y los integrantes de los servicios de inteligencia”. La respuesta de la defensa de los ex fiscales a Memoria Activa finalizó con uno de los momentos más tensos “cuando la defensa mostró dos videos del abogado Borda. En el primero, Borda afirmaba en el juicio contra Telleldín, que existían pruebas de la entrega de la Traffic usada como cochebomba en el atentado contra la AMIA de 1994 “a los policías comandados por Ribelli”. En el segundo video, mostró al mismo abogado unos días después negando en “al menos, en 16 oportunidades que existieran pruebas para demostrar que hubiera existido la entrega”.
La tercera parte del alegato se dedicó a recordar la “gran cantidad de pruebas” que existían para ordenar la prisión preventiva de Telleldín en 1994 y los policías, para “contradecir las acusaciones de privación ilegítima de la libertad que lanzaron las querellas de los ex oficiales y que luego adoptaron como propia los abogados de Memoria Activa la UFI AMIA”. Se intentó mostrar con la lectura de partes de la causa, que el testimonio del reducidor de autos “no era necesario” para pedir las detenciones y que por lo tanto no era necesaria la pretendida coacción que acusaban los policías y sus aliados en el juicio. En marzo, empezará un nuevo juicio oral contra Telleldín por la entrega de la Trafic.
En ese sentido, Marino Aguirre destacó “el llamativo cambio en la estrategia de la querella de Memoria Activa, que en tiempos en que era comandada por los abogados Alberto Zuppi y Pablo Jacoby apoyaron la acusación contra los policías comandados por Ribelli” y que cuando “Hazán como funcionario del Ministerio de Justicia decidió no seguir por ese camino, variaron su estrategia y pasaron a calificar esa acusación como un “mamarracho””.