El régimen, como era esperable, mintió al establecer categóricamente que las protestas salariales de las Fuerzas de Seguridad responden a “corporaciones golpistas”. Y la “oposición” consintió una vez más con esta alianza para la mentira.
Una burda maniobra para enmascarar la torpeza del desgobierno, ya que los prefectos y gendarmes —que jamás tuvieron ambiciones políticas sino que están atravesando penurias famélicas— jamás podrían atentar contra la democracia.
La clase política argentina nada ha inventado. Viene aplicando cada vez más la oclocracia, en griego, ὀχλοκρατία okhlokratía (el mandato administrado por los peores), algunas veces para llegar y otras para mantenerse en el poder.
Haciendo un breve repaso de la historia reciente de nuestra joven democracia, nos encontraremos con el uso sistemático y progresivo que nuestros gobernantes y sus opositores hicieron de esta malformación del sistema. Podemos considerar a la oclocracia como una enfermedad política, como un cáncer terminal para la Nación.
Ante cualquier amenaza contra su status quo, los políticos apelan a los galimatías de “golpismo”. Esto es muy peligroso para la República, pues los embrollos y la confusión se instalan en la sociedad, encubriendo el crimen o la corrupción, lo que generalmente culmina en un verdadero caos, como ya sucedió.
Hagamos un poco de historia relativamente reciente.
Pocos recuerdan que el 22 de octubre de 1985, el presidente Raúl Alfonsín, mediante el decreto 2049, ordenó la detención de 12 personas por presuntas vinculaciones con un “complot golpista”.
Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en el estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios.
La maniobra fue articulada por el propio gobierno radical y el auxilio de personal de Inteligencia de la Policía Federal, encabezada por Carlos “el duque” Gallone, que hoy está en el penal de Villa Devoto, condenado por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso, tras haberle soltado la mano sus amistades del radicalismo. Porque en los procedimientos, mataó a un pobre Soldado conscripto Veterano de Malvinas, y plantándole armas en su cuerpo para justificar su ejecución, denunciándolo como parte del “complot contra la democracia”.
En efecto, el joven ex soldado conscripto Luis Alberto Vera (Veterano distinguido en Malvinas) fue asesinado a sangre fría por una patota policial al mando del comisario inspector Carlos Gallone, hombre estrechamente ligado a Enrique “Coti” Nosiglia. Luis Alberto Vera fue presentado en sociedad como si se tratara de un comando suicida: le fueron plantadas dos granadas de mano y fue exhibido con la ropa militar que usaba habitualmente como si se tratara de Ernesto Guevara. También fueron asesinaos como perros dos jóvenes militantes católicos, René Tulián y Alfredo Guereño, ambos muertos en circunstancias que llevan sello y firma.
Entre los doce acusados por el alfonsinismo estaban el Grl Div (R) Guillermo Suárez Mason junto a otros cinco militares y seis civiles, entre ellos el analista Rosendo Fraga y los periodistas Daniel Horacio Rodríguez, del diario La Prensa, y Jorge Vago, director de Prensa Confidencial.
El 25 de ese mes se dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta días y se denunció una conspiración contra el orden constitucional.
“El Poder Ejecutivo detectó grupos que, en la clandestinidad, pretendieron llevar adelante una campaña de temor, de amedrentamiento, de caos para quebrar la armonía del clima preelectoral”, anunció el gobierno radical, en referencia a las elecciones que finalmente se celebraron el 3 de noviembre de 1985, bajo el estado de sitio.
El 9 de diciembre se levantó esa medida extraordinaria, y a mediados del año siguiente la jueza Amelia Berraz de Vidal dictó el sobreseimiento de los imputados, con excepción del General, que jamás recuperó la libertad.
Leamos los archivos de la época:
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