El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Abel Córdoba, pidió este jueves una condena de 12 años para Lázaro Báez, sus cuatro hijos, y otros doce imputados,
en la causa que investiga la Ruta del dinero K. Todos están acusados de haber lavado U$S 60 millones entre 2010 y 2013.
En su exposición, Córdona sostuvo que el dinero que se volcó a operaciones de blanqueo provino en parte de la defraudación en la obra pública, donde se juzga a Cristina Kichner.
Las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) ya pidieron condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero.
En la Ruta del Dinero K se juzga el blanqueo de 60 millones de dólares realizado en tres etapas, cuyos responsables son acusados de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. Se tuvo también, en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, además de la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
A 17 de los imputados, entre ellos la familia Báez, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, los encontró responsables de haber construido una “compleja ingeniería transnacional” que lavó 60 millones de dólares. En su acusación, Córdoba sostuvo que el empresario K encabezó una “organización que se dedicó a mover dinero oculto”.
En base a esta acusación, el fiscal Córdoba desplegó su alegato en tres jornadas; dio por corroboradas las maniobras que tienen como principal responsable al ex socio comercial de Cristina Kirchner. Al estudiar la estructura delictiva, ratificó los engranajes investigados por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.
La Fiscalía sostuvo que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones y consideró que el empresario K “fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado“. Y reforzó el concepto: “La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares”.
Este circuito de lavado de activos quedó vinculado con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (51 contratos por 46.000 millones de pesos). En ese expediente, a cargo del TOF 2, se está juzgando a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita.
Las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de blanqueo: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría haber ingresado a la organización de blanqueo dinero.
JPE
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