Hablando exclusivamente de países donde reina la democracia, los primeros deben haber sido ungidos por el voto popular. El pueblo a veces hasta puede equivocarse, pero una vez proclamada una mayoría, el resto contempla como esa mayoría lleva a cabo aquello que propuso y por lo cual logró tener el respaldo de la mayor proporción de votantes, y el resto debe ayudar, señalando aquello que cree es erróneo pero colaborar pues el país es uno solo y todos ellos pertenecen a ese solo conjunto de habitantes e intereses. A esa nación soberana.
Hablamos de Políticas de Estado. Lo decimos porque toda nación organizada cuyos habitantes desean construir un futuro mejor a su actualidad, se precia de tener Políticas de Estado. Los partidos políticos que se organizaron en nuestra nación durante la mayor parte del Siglo XX tuvieron propuestas. Cada uno tenía sus programas de gobierno, que eran la base de la propaganda que hacían antes de las elecciones, y el pueblo votaba por esas propuestas, antes que por los hombres que luego cada partido proponía para llevarlas a cabo.
Prácticamente en todos los períodos de gobierno se analizaron en el Congreso Nacional propuestas de Políticas de Estado, y ellas luego eran puestas en marcha, mediante la asignación de recursos que el Congreso votaba anualmente para llevarlas a cabo. Planes de corto plazo los unos, de mediano y largo plazo otros. Cuando se aceptaba una obra pública de largo plazo, su continuación por parte del gobierno siguiente era indiscutida.
El partido creado por Juan Domingo Perón tuvo sus planes quinquenales, y mientras fue gobierno los respetó y puso en marcha, en obras públicas, en empresas de servicios.
Hace pocos años, un candidato de ese mismo movimiento (ahora se le prefiere llamar así en lugar de partido porque éste ha cambiado de nombre más de una vez, de Partido Peronista, pasó a Justicialista, y ahora prefiere llamarse Frente, dentro de algo que ni ellos saben ya que es), una vez triunfante en las elecciones nacionales puso en marcha una serie de medidas de privatización que, interpelado sobre las mismas, admitió ufanamente que si hubiera difundido sus ideas, nadie lo hubiera votado, pues, además, muchas de ellas eran reñidas con las que sostenía ese movimiento desde sus orígenes. Es decir, directamente dijo una cosa y luego hizo otra. Le mintió al pueblo que lo votó, y no se ruborizó para hacerlo, ni una ni muchas veces.
Pero hablábamos de gobierno, el que se compone de tres poderes a los cuales el pueblo, en cada elección nacional, le delega la facultad de llevar a cabo las medidas que se le propusieron para que las ejecute.
Dentro de las facultades legislativas pertinentes, en determinando momento se sancionó un conjunto de leyes que permitieron la creación de un sistema de ahorros, formado por los aportes de los trabajadores, para que al llegar a la edad de dejar de trabajar, ellos gozaran de asignaciones proporcionales a los aportes que durante su vida laboral pudieran hacer.
Esos sistemas tenían administradores, que debían velar por conservar y defender los capitales que se iban acumulando, para que luego los aportantes pudieran gozar de los beneficios de su retiro. Todo capital que se conserva, tiene pocas variantes en cuánto a cómo guardarlo procurando que no pierda valor adquisitivo. En primer lugar el viejo sistema de caja de ahorros, que con moneda estable nos permitía desde que éramos niños tener nuestra libreta con unos centavos que se iban acumulando, entonces ni sabíamos porqué fenómeno económico, pero aparecían los créditos.
Luego están las inversiones, en bonos, títulos, acciones, metales. Obviamos detalles para señalar que la ley les permitía a las administradoras a “jugar” en la Bolsa, hasta determinado porcentaje de sus capitales. Ellas lo hicieron, comprando acciones de aquellas empresas que cada una consideraba como de mayor futuro, y así muchas acrecentaron sensiblemente sus capitales por imperio de la valorización de las acciones y los dividendos que esas empresas distribuían.
Hasta que llegó el actual sistema de gobierno denominado kirchnerismo. Desde el principio, no tuvo Políticas de Estado. Se dedicó a tapar “baches” y proliferó el clientelismo. Así crecieron los sistemas de subsidios de toda índole, bien conocidos cada vez más. Y pese a vivirse una época de esplendor económico, donde la fertilidad de nuestro suelo y la benignidad del clima nos trajeron cosechas fabulosas, no hay plata que alcance para medidas populistas. Con ese auge de recaudación, un día se le ocurrió borrar con el codo lo dispuesto hace unos años por el Congreso, eliminando los sistemas jubilatorios privados obligando a los que habían optado por ese sistema a volver al dominio estatal de las jubilaciones y pensiones.
Nuestra vieja Caja de Jubilaciones, hoy pomposamente denominada ANSES, se encontró de golpe con un aporte millonario de dinero a sus arcas, y con acciones de empresas privadas, que habían sido inversiones de las administradoras, o sea de todos nosotros, los trabajadores activos. Desde que esa fortuna pasó a manos del Estado, él se ha abastecido de ella, como del Ministerio de Hacienda, para la ejecución de sus planes asistenciales y de sus gastos extraordinarios. No olvidemos de paso, que por la inoperancia del Congreso, no se ha sancionado el presupuesto de gastos y recursos de este ejercicio económico 2011, sino que el P.E.N. se maneja con las cifras de presupuesto anterior y los recursos extraordinarios acumulados por la perversa previsión de ingresos, calculados por debajo de niveles razonables e históricos.
Pero con la tenencia accionaria se descubrió que ella serviría para ubicar a los selectos miembros del aparato burocrático estatal, y favorecer a los amigos con puestos muy bien remunerados, o sea de directores de las empresas que ahora pasaron a ser “socias” del Estado. La ley que privatizó el sistema, disponía que los directores a ser designados podían representar en los directorios hasta el 5% de capital, independientemente del total de acciones en poder de la ANSES. Pero ahora, vista la posibilidad de ubicar a más amigos, el Poder Ejecutivo por medio de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, (los famosos DNU) podría representar el total de capital en proporción matemática. O sea que una empresa sólida, que todos los administradores consideraron en su momento como excelente defensora de sus inversiones, en la cual cada una colocó “nuestros” ahorros, por dos o tres por ciento de su tenencia, ahora resulta que tiene un 25 o un 30% de su capital en manos de la ANSES, y el P.E.N. faculta a la ANSES el derecho de designar miembros del Directorio en esos porcentajes.
En primer lugar debemos señalar que los Directores de empresas deben ser idóneos en la actividad que ellas llevan a cabo, para poder a través de su aporte intelectual y profesional y de su voto, tomar las trascendentes resoluciones que sobre la marcha de la empresa los Directores deben adoptar. En segundo lugar, la ley de privatización jamás dispuso que el Estado fuera “socio” de esas empresas, sino que su actividad sería cada vez mas importante para preservar los ahorros de los trabajadores que ahora pasaron a ser administrados por la ANSES, y no para que ésta se los facilite al Ministerio de Hacienda para cubrir los baches del presupuesto o las nuevas disposiciones que, a espaldas del Congreso, pudiera tomar el PEN.
Porque además los DNU fueron limitados, por el propio Congreso, a períodos de inactividad del Congreso o para medidas de excepción. Nada de esto ocurre. Estamos en período de sesiones y el tema no es de urgencia. Ergo: El DNU que dispone que los representantes del Estado en el Directorio de las empresas sean proporcionales al capital, es absolutamente inconstitucional y jurídicamente nulo de nulidad absoluta. Es la utilización del monopolio de la fuerza, que sigue destruyendo nuestro sistema republicano de gobierno, por imperio de los actores y por negligencia de quienes debían alzarse democráticamente expresando y actuando dentro de los estratos constitucionales para impedirlo.
En los últimos años hemos visto varios casos de abuso de poder por parte del PEN. Los casos de Papel Prensa y ahora de Techint/Tenaris/Siderar son concluyentes.
¿Dónde va el PEN y el grupo de ciudadanos que compone la cúpula gubernamental que rodea a la Señora Presidente?
Estamos en un año de elecciones nacionales. Mientras vivimos una inflación real de no menos del 30%, (únicamente superada en Venezuela en toda América) el gobierno extiende cada vez más los subsidios, desde las tarifas de servicios públicos que no responden a ninguna valoración sensata, a algunos razonables como la subvención estatal a menores, pero que se manifiesta que es universal mientras en la práctica es solamente sectorial. Desde la continua lucha con los gobiernos que no adhieren a sus políticas sean provinciales o municipales a obras públicas por centenares de millones de pesos allí donde hay posibilidad de captar votos, los que la Presidente no necesita acrecentar, vista la inoperancia de todo el arco opositor.
La economía del país se resiente al no haber Políticas de Estado. Las reservas son teóricas pues sólo se informa el HABER y no se computa el DEBE. La balanza de pagos se sostiene, al impedirse importaciones, muchas de ellas fundamentales para el sostenimiento del aparato productivo. Es positivo alentar la industria nacional, pero ningún país del mundo vive sin importar determinados insumos. Mientras Brasil crece, nosotros somos una economía cada vez más estancada, donde los índices nos destacan, en el crecimiento como negativos y en la corrupción o pesadez de la administración, como muy positivos. Y así nos va, y así nos ven en el exterior, donde Chávez y nosotros lideramos índices de mala administración y avasallamiento de las instituciones y de la libertad de expresión. .
Hasta la semana próxima, amigos,
Alejo Neyeloff
alejo@neyeloff.com.ar