La UIA dijo que el impuesto a la riqueza “descapitalizará” a las empresas

efectos de la pandemia”, más conocida como el “impuesto a la riqueza”. Según la entidad fabril, el proyecto de ley que impulsan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller “terminará descapitalizando a las empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria”.

La declaración de la Unión Industrial tuvo lugar el martes, luego de la reunión de su Junta Directiva. Pero a diferencia de otras entidades empresarias, que salieron con los tapones de punta contra el proyecto en sí, (que tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados), la UIA hizo una “propuesta de modificación” para que no sean incluidos como parte del cálculo las inversiones productivas, los nuevos empleos, así como la tenencia de títulos públicos y obligaciones negociables de empresas argentinas.

El texto dice lo siguiente: “AGENDA TRIBUTARIA: se analizó el impacto sobre el sector productivo del proyecto de ley de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Al respecto, se señaló que la iniciativa con tratamiento parlamentario terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria. La redacción actual del proyecto de ley no diferencia entre la composición de los patrimonios personales formados por capital productivo –empresas, máquinas e inversión tecnológica en el país– de la proporción compuesta por activos financieros o inmuebles”.

Prosigue: “En este sentido, se señaló la necesidad de excluir de la base de imposición a los activos productivos, permitiendo capitalizarlos para inversiones productivas y nuevos empleos. Otras de las propuestas de modificación incluyen las exenciones de títulos públicos y de obligaciones negociables de empresas argentinas, la incorporación de un mínimo no imponible y la corrección de las alícuotas para evitar tratamientos desiguales. Estos ejes, así como los efectos negativos que el proyecto tendrá sobre el sector formal de la economía, han sido presentados a los diferentes bloques parlamentarios”.

La semana pasada, el oficialismo de la Cámara de diputados le dio dictamen -con apoyo de bloques minoritarios- al “aporte extraordinario a las riquezas” que gravará a las personas físicas con patrimonios superiores a los $ 200 millones. Según el Frente de Todos, y en base a cálculos de la AFIP, serán 9.298 las personas alcanzadas y la recaudación rondará los $ 307 mil millones.

Algunas cláusulas que estaban en la redacción original fueron modificadas. No fueron incluidos los residentes en el extranjero con bienes en el país y también fue cambiada la fecha a partir de la cual se van a calcular las riquezas. El texto original planteaba que el cálculo se haría sobre los bienes declarados al 31 de diciembre, pero para evitar los problemas por la retroactividad, quedó fijado con la fecha “a partir de la promulgación”.

De a​cuerdo a estimaciones de la AFIP, habrá 9.298 personas afectadas por el tributo. La cuenta surge sumar a7.438 que declararonbienes superiores a $ 200 millonesy otras 1.860 personas que de acuerdo a las proyecciones de lo que declararon en 2018 se estima que deberían estar alcanzados.

De ese total, estiman que hay 253 personas que tienen más de $ 3 mil millones y aportarían “casi la mitad”, según afirmó el titular de la comisión de Hacienda de Diputados e impulsor del proyecto, Carlos Heller. Por su parte, 372 personas estarán alcanzadas por el tramo entre los $1500 y $3000 millones, mientras que 4178 personas se ubicarían entre quienes tienen bienes que van de los $200 a 400 millones.

“El aporte será soportado en un 60% por un universo de 600 y pico de personas”, defendió Heller. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que “la incorporación de activos excluidos del Impuesto a los Bienes Personales (depósitos bancarios, títulos públicos e inmuebles rurales, principalmente) genera que la base imponible del Aporte Solidario en análisis sea aproximadamente cuatro veces superior a la de dicho tributo”.

Entre las entidades empresarias, la iniciativa fue rechazada. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) pidió “evitar la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas” y Confederaciones Rurales (CRA) señaló que el proyecto tenía “falencias técnicas y poca impronta intelectual”. También se pronunciaron en contra las cámaras de Comercio y de la Construcción, así como la Sociedad Rural.

LC