“Si vos tratás a una persona con un padecimiento mental como si fuera un delincuente y lo enfrentás como reducirías a cualquier otra persona durante la prevención de un delito podés
desencadenar una reacción adversa por parte de esa persona. Por eso hay que capacitar a las fuerzas de seguridad para que apliquen los protocolos previstos, también para el sistema de salud, en caso de encontrarse una situación de estas características. Esos protocolos prevén que actúe un equipo interdisciplinario, en general formado por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra y eventualmente un enfermero”, describe María Graciela Iglesias, abogada y titular del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental que depende de la Defensoría General de la Nación.
La reflexión de Iglesias llega un día después de que Rodrigo Roza, un hombre de 51 años con padecimientos psiquiátricos, apuñalara en el corazón a Juan Pablo Roldán, oficial del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina. Fue este lunes en las inmediaciones del MALBA. Ambos murieron: Roldán por las heridas de arma blanca recibidas, y Roza por los disparos que el oficial efectuó al defenderse.
Según contó la madre de Roza, y también de acuerdo a los testimonios de quienes presenciaron la escena en Palermo, el hombre padecía problemas psiquiátricos. “Yo ayer -por este lunes- busqué otro psiquiatra para que lo atienda. Me dieron el teléfono de una médica muy muy buena pero no la conseguí, cosas del destino”, dijo su madre en declaraciones a Canal 9. Explicó que estaba en busca de un nuevo especialista que atendiera a su hijo, aunque también sostuvo: “Cuando yo me fui estaba perfecto, estaba bien, pero pasó lo que pasó. Se levantó lo más bien, le pregunté por un cuadro que tengo, en la casa de mi marido, y me aconsejó lo que tenía que hacer”.
Santiago Levin es médico psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA). Según observa, “cuando una persona está atravesando una descompensación mental y presenta una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para otros tienen que intervenir las fuerzas de seguridad y el sistema de salud en alguna institución especializada en salud mental. Para esas intervenciones existen precisos protocolos que muchas veces las fuerzas de seguridad no aplican o que incluso desconocen”. Son los mismos protocolos a los que refiere Iglesias: en 2013 el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció que los agentes de las fuerzas deben contactarse con un equipo de salud y evitar el uso de la violencia.
Juan Roldán prestaba servicio en el Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal. Murió apuñalado a metros del Malba. Foto: Télam
“Existe una enorme confusión en relación al vínculo entre el trastorno mental y la violencia. Son una minoría ínfima los delitos violentos cometidos por personas que padecen trastornos mentales. Esa relación es básicamente producto de un prejuicio social y de un mal tratamiento de parte de los medios de comunicación. El tratamiento escandoloso de este tipo de desgracias estimula el aumento del estigma y el prejuicio”, suma Levin.
Para el titular de APSA, “llevamos mucho retraso en la construcción de una red comunitaria intermedia que pueda recibir a personas externadas; esa red debería funcionar de manera permanente con seguimiento hecho por profesionales especializados, con efectores cerca del domicilio de la persona, con instalaciones como hospitales de día que trabajen en el proceso de reinserción social, laboral, familiar, emocional y vocacional de la persona”.
“Existe la falsa creencia de que, por la ley de salud mental, no se puede internar a una persona sin su consentimiento. Esto no es así: cuando una persona tiene riesgo serio e inminente se la debe internar. En muchos casos una persona va a una guardia y por desconocimiento de la persona que lo atiende puede no quedar internada, esa es una posible falla del sistema”, sostiene Alberto Trímboli, coordinador del sector de adicciones del Hospital Álvarez y Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM).
Como Levín, Trímboli subraya la falta de los llamados “dispositivos intermedios”: “La ley de salud mental, que falta implementar en muchos aspectos, sostiene que es preferible el tratamiento en la comunidad, cerca de donde la persona vive, con la internación como último recurso. Lo que falta son hospitales de día, donde la internación sea ambulatoria pero intensiva, y espacios de inclusión sociolaboral, educativa y artística para personas con padecimientos de salud mental”.
Un inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) murió en Barrio Parque, en Palermo, a pocos metros del Museo de Arte Latinoamericano (Malba), como consecuencia de las graves heridas que sufrió tras recibir al menos cuatro puñaladas a la altura del corazón. Foto: Rolando Andrade
El psicoanalista del Álvarez también enfatiza en la importancia de que las fuerzas de seguridad implementen el protocolo previsto para estos casos: “El abordaje en la vía pública de personas que aparentemente tienen un padecimiento mental debe cumplir ciertas pautas. Si la Policía le está diciendo a esa persona que no está en sus cabales, eso ya de por sí puede complicar la escena”. En cuanto a que la madre de Roza contó que no pudo dar con un nuevo psiquiatra que atendiera a su hijo, Trímboli sostiene: “Creo que la cuarentena y la pandemia se usaron como excusa para que haya un corrimiento de la salud mental, y esto implicó atender a menos personas. Muchos llegan a nuestro hospital contando que llamaron a varios otros lugares y no los atendieron”.
Antonio Di Nanno es médico psiquiatra y secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). Como sus colegas, enfatiza en la importancia de aplicar un protocolo al momento de abordar a una persona con padecimientos mentales. “Se ve que los pobres policías no lo aplicaron o directamente no lo conocían. Si ese chico hubiera tenido la oportunidad de tener un hospital de día, lo tendríamos institucionalizado. Así podés acompañar las tareas de rehabilitación, ves los cambios, evaluás los riesgos”, describe.
“Muchos pacientes que necesitan ayuda profesional dejaron de venir a los hospitales o a los consultorios por temor a contagiarse. Y en un caso de psicosis es muy difícil la videoconsulta por dos motivos principales: el paciente psicótico puede generar una idea persecutoria al tener que prender la cámara, y además es imperioso ver a ese paciente, ver su cuerpo, si hubo cambios, si viene sucio, si está mal vestido, si presenta signos que puedan alertar sobre su peligrosidad”, concluye Di Nanno.
En un momento del país y del mundo en el que todo dice hacerse bajo estrictos protocolos, los especialistas en salud mental destacan la importancia de implementar uno establecido hace años pero, según ellos mismos analizan, poco conocido.
GS
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