Desde que se promulgara el llamado “Código penal de la democracia”, en 1995, el texto original ha sufrido más de 30 modificaciones. El legislador español es, pues, promiscuo y voluble en política
criminal. Como un dejà vu, ahora nos anuncian otra reforma, impulsada esta vez por el socio de la coalición en el Gobierno. La iniciativa –dicen– ha sido del diputado Jaume Asens, con el ambicioso ánimo de pacificar la “cuestión catalana”, pero todavía no ha alcanzado su fase de tramitación parlamentaria. Se abogaría por rebajar las penas en el delito de sedición, a fin de revisar las condenas a los líderes independentistas presos, en aplicación retroactiva de lo que favorece al reo (art. 2.2 CP). La futura reforma nos abre a dos reflexiones profundas desde la perspectiva de la filosofía del derecho. Por un lado, respecto de la técnica legislativa, la praxis en las últimas décadas deja mucho que desear. Así, Santo Tomás señala que las leyes que un gobernante da a su comunidad política han de ser pocas, no exhaustivas y permanentes –en la medida de lo posible. En cambio, el Congreso español legisla profusamente, también en materia penal, donde el catálogo de delitos y castigos es amplio y se modifica sin cesar. El error de fondo es creer que los problemas sociales se arreglan a golpe de Código; sea para dar la impresión de dureza contra el crimen, o bien para contentar a potenciales socios parlamentarios. En segundo lugar, la ley es una ordenación de la recta razón dirigida a la universalidad de los miembros de la polis. Las leyes no pueden prescribir mandatos para resolver cuestiones particulares o ad hoc; y por eso nos referimos aquí a la justicia general. Entonces, la eventual reforma es contra natura, pues obvia una característica esencial de la ley. Haría mejor el Gobierno en recurrir al ejercicio de la virtud de la equidad para rectificar en casos concretos la aplicación del Código penal, si ello se cree oportuno en aras del bien común. Y para eso hay una institución jurídica ya regulada en el ordenamiento español: el indulto particular, algo sobre lo que se pronunciará el Ejecutivo próximamente. No obstante, sería extraño que quienes atentaron de modo grave contra la concordia recibieran el perdón del castigo, salvo que se explicite cómo eso contribuye a la consecución de la paz social. Así, en definitiva, le corresponde obrar a un gobernante prudente. Arturo González de León Berini es profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universitat Abat Oliba CEU
FUENTE DIARIO ABC: