Las modificaciones implementadas en el Senado “son una variante a lo aprobado en Diputados; pero respeta el núcleo de la ley”, indicó a Télam el director ejecutivo de la asociación que nuclea a las exportadoras de servicios Argencon, Luis Galeazzi.
Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi), Sergio Candelo, indicó que “aún no tenemos la opinión de los técnicos” sobre las modificaciones por las cuales “no fuimos consultados”; pero subrayó que “es importante una sanción de la ley en breve”.
Galeazzi agregó, por su parte, que “este año ya no se verán resultados, supongo que las empresas esperarán a ver la Reglamentación para definir sus nuevos presupuestos para 2021″.
La intención del Senado es tratar el proyecto en la sesión de la semana próxima, y de aprobarse el proyecto con las modificaciones, será la Cámara de Diputados la que definirá si insiste con su media sanción o si sanciona la ley con los cambios.
De todos modos, la ley que otorga un régimen de promoción para la economía del conocimiento con beneficios fiscales, valuados en $18.000 millones anuales, es “retroactiva al 1 de enero del año 2020”, indicó a Télam el senador Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicaciones del Senado.
Entre las modificaciones, el dictamen de Comisión impulsado por el Frente de Todos (FdT) especificó que servicios profesionales de exportación estarán amparados por la promoción.
Previa a este plenario de comisiones, el sector privado temía que se eliminaran los servicios profesionales en el listado de actividades promocionadas.
Entre otros quedaron incluidos en el régimen la exportación de servicios jurídicos, de contabilidad general y relaciones públicas, diseño web, diseño textil y de calzado.
Para adherirse a la promoción, las empresas tienen que demostrar que el 70% de su actividad corresponde a las comprendidas como de la economía del conocimiento.
Las modificaciones focalizaron en mayores beneficios para las micropymes, como por ejemplo en la reducción del impuesto a las Ganancias, que será de 60% para las micro y pymes, 40% para las empresas medianas y 20 % para las grandes empresas.