La redacción de un nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales (Congreso y Senado), a pesar de que ya existe uno en el Congreso de los Diputados aprobado durante el mandato
de Ana Pastor, está provocando un enfrentamiento entre socialistas y populares. La iniciativa ha partido de la presidenta del Senado, Pilar Llop, cuya Cámara no cuenta con un Código Ético que regule los deberes de los senadores, ya que el anterior presidente Pío García Escudero no aprobó el texto vigente en el Congreso. Llop se ha aliado con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y ambas han optado por elaborar uno nuevo que se aplicaría en ambas cámaras, y que incorpora importantes matizaciones sobre el documento de Ana Pastor, que recibió el visto bueno del Consejo de Europa. El borrador del texto ya ha sido presentado a los miembros de la mesa del Congreso y Senado y ha recibido el rechazo de los representantes del Partido Popular. De hecho, en la Cámara Baja se ha creado un grupo de trabajo para intentar llegar a un acuerdo. Uno de los cambios más llamativos ha sido la retirada del punto que hace referencia al ejercicio de las funciones de los diputados «con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente al Reglamento del Congreso de los Diputados y a las resoluciones que lo desarrollan». Pero hay otras cuestiones que también preocupan a los populares, como es la eliminación de la exigencia de crear una Oficina de Conflicto de Intereses. Si en el texto de Ana Pastor se incluía la palabra «crear», en el borrador que Batet y Llop han presentado a las mesas de ambas cámaras, solo se habla de que «se podrá crear». Igualmente, también excluyen el objeto de esta oficina, como es la función de «comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses». Solo especifican que el objeto será «resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del presente Código, que podrán ser planteadas tanto por los diputados como por la Mesa de la Cámara», especificando que «actuará con la oportuna reserva respecto de las dudas planteadas por los parlamentarios». Las presidentas socialistas tampoco quieren que sean los letrados los que estén al frente de la citada oficina, ya que han eliminado el párrafo que subraya que «estará encabezada por el letrado de la Comisión del Estatuto del Diputado, que será designado por el Secretario General de la Cámara. Esta oficina contará con una unidad de apoyo para la ejecución de lo dispuesto en el presente código y estará integrada por personal de las Cortes Generales». Sobre esta cuestión las fuentes parlamentarias consultadas argumentan que «no es válido que los diputados se vigilen a sí mismos». Los populares aseguran que el texto entregado por las presidencias socialistas «pretende dar un paso atrás sobre lo que ya se encuentra en vigor» y «quiere dejar en el aire el control sobre los intereses de los parlamentarios. El tema está previsto que vuelva a abordarse el próximo martes en las reuniones de las mesas del Congreso y el Senado. Los populares han advertido de que mantendrán las enmiendas que han presentado y que no le darán su apoyo si no retiran el punto que elimina la obligación de acatar la Constitución.
FUENTE DIARIO ABC:
