La normativa volvió a la Cámara Alta después de que fue rechazada por Diputados el pasado 5 de agosto. En la jornada, 27 senadores votaron a favor de
Nota relacionada:Cámara Baja rechaza proyecto de declaraciones juradas de intereses
El proyectista Derlis Osorio, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), remarcó que “el Estado paraguayo no solo se desangra en el pago de salario de funcionarios públicos, sino que la fuga está en las contrataciones de prestación de bienes”.
“Con este proyecto lo que buscamos es que la Contraloría se anticipe cuando un funcionario asume un cargo importante y determine qué relación tiene con determinadas empresas contratadas por el Estado”, afirmó.
La iniciativa establece la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar declaración jurada para conocer los intereses privados de los empleados públicos que pueden interferir en los intereses públicos.
Lea también:Establecen que altos funcionarios deberán presentar declaración jurada de intereses
El procedimiento de revisión de conflictos de intereses tendrá por objeto determinar si lo declarado por el funcionario público es compatible con el ejercicio de sus funciones establecidas por ley.
Osorio, cuando presentó el proyecto en mayo, expresó incluso que servirá para detectar e investigar ciertos delitos asociados a la corrupción pública, citando el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito del funcionario.
El objetivo de la iniciativa es reforzar la transparencia en la gestión pública al detallar cuál es el sector económico del que proviene la autoridad, que tiene diferencia con la declaración de bienes.
Contraloría publicó DDJJ
La Contraloría General de la República hizo públicas las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los últimos 20 años por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Un grupo de diputados colorados y liberales intentó detener las publicaciones para que no sean expuestos sus millonarios bienes ni el crecimiento de su patrimonio en sus años como administradores del Estado.
El argumento esgrimido por los diputados es que la sentencia podría afectarles ya que con la publicación de las declaraciones, sin su intervención, les pondría en riesgo ya que es información “de sensibilidad extrema”, y se faltaría, según ellos, al debido proceso, además de infringir la Ley 5033 de las Declaraciones Juradas.