Con una encendida discusión sobre el cálculo de los fondos para el funcionamiento de la seguridad en la Ciudad, el oficialismo dio inicio este lunes en el Senado al
tratamiento del proyecto para fijar ese gasto en $ 24.500 millones por año y volver al 1,4% de coparticipación para el distrito, como estaba antes del traspaso de la Policía en 2016. En línea con el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta, los legisladores de Juntos por el Cambio cuestionaron la medida por “unilateral e intempestiva” y objetaron la estimación del monto.
Fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, con la exposición de Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.
“Es una ley que viene a remediar algo que no se hizo. El número estaba muy por encima de lo que demandaba como erogación los servicios transferidos por el Gobierno Nacional”, apuntó la funcionaria al decreto con el que Mauricio Macri subió la coparticipación a la Ciudad a 3,75%, luego reducida a 3,5%. Batakis aseguró que el “exceso” acumulado fue de unos $86.000 millones entre 2016 y 2019.
Silvina Batakis, secretaria de Provincias en su exposición de este lunes en el Senado.
“Está mal calculado y con una estructura de costos que no es la real. Tomaron el año 2016, cuando el traspaso fue paulatino y se terminó de completar en 2017”, sostuvo Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO por la Ciudad. “¿Cómo se va a ejecutar la actualización y cómo se va a erogar? ¿Va a haber que ir a preguntarle a algún funcionario?”, fue directo a otro de los puntos marcados por la oposición: el riesgo de discrecionalidad de los giros al dejar de ser automáticos.
El Gobierno envió el proyecto al Congreso luego de que Alberto Fernández dispusiera por decreto el recorte de la coparticipación, de 3,5% a 2,32%, para auxiliar a la provincia de Buenos Aires ante las protestas de policías retirados y en actividad en el distrito conducido por Axel Kicillof.
La iniciativa que ingresó al Senado fijó en $ 24.500 millones en gasto anual para la seguridad en el bastión del PRO, una cifra que será actualizada en un 80% por la variación del salario promedio de los agentes de la PFA y otro 20% por el IPC. Como contó Clarín, para Rodríguez Larreta la seguridad en la Ciudad demandará unos $63.000 millones este año. El alcalde porteño a su vez presentó un amparo ante la Corte Suprema.
“Hay que hacer el cálculo completo. No vimos una sola fundamentación de dónde salen los números y el mecanismo no va a ser automático”, planteó Martín Lousteau, el otro senador porteño de Juntos por el Cambio.
“La Ciudad perdió $80.000 millones de recaudación, los gastos crecieron $20.000 millones y de golpe le quieren sacar recursos. Con ese número, no recibiría un peso más hasta fin de año”, advirtió. La cordobesa Laura Rodríguez Machado quiso saber si la medida había sido tomada de manera “unilateral”.
“Tuvimos reuniones con el equipo de la Ciudad y se terminaron cuando empezó la pandemia. Lo que estamos tratando no tiene que ver con un cambio en el régimen de coparticipación federal”, respondió Batakis, y aseguró que el cálculo partió de un informe de la Tesorería General de la Nación. “No hay una exigencia de que sea transferido con la coparticipación. Los recursos tributarios tienen una evolución distinta a un sistema mayormente compuesto por salarios”, argumentó sobre el cambio en la metodología.
“Celebro que el Presidente haya presentado este proyecto. Estamos discutiendo el modelo de país que queremos. Debemos entender el territorio nacional en su conjunto equitativamente”, intervino el pampeano Daniel Lovera, uno de los oficialistas que fundamentó a favor de la iniciativa. “La Ciudad se quedó con recursos exagerados. Si hacemos las cuentas tendría que empezar a devolver al Estado Nacional. Estamos absolutamente convencidos de lo que estamos haciendo, es lo que corresponde”, reforzó el cordobés Carlos Caserio.
Senador Carlos Caserio, en marzo de este año.
Hubo alusiones a las plantas y a las veredas porteñas, en línea con el concepto que había expresado Cristina Kirchner al instalar la discusión. María de los Ángeles Sacnún, a cargo del plenario, no adelantó plazos para la firma del dictamen. Los senadores de Juntos por el Cambio propusieron 14 expositores.
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