Los métodos inhumanos que en su momento acompañaron el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron adoptados por la Federación de Rusia, y en nuestros días, ellos se traducen en la comisión de crímenes internacionales muy graves por parte del Kremlin, infligiendo cada vez más violencia contra países, grupos étnicos y personas físicas.
A nivel de las instituciones internacionales, éstas no se han servido del “paquete de sanciones de choque” («crash sanctions package») necesario contra la Federación Rusa, castigo que resultaría proporcional a los crímenes internacionales cometidos y que sería suficiente para obligar al Kremlin a reconsiderar el rumbo de su política exterior. La consecuencia de esto es que la agresión y los crímenes de guerra se han convertido en algo cotidiano en la política de terror ejercida por el régimen de Putin.
La Federación de Rusia al heredar el estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el colapso de la URSS, no ha sabido cumplir con las esperanzas de la comunidad internacional en materia de mantenimiento de la paz y el orden. Haciendo omisión a sus obligaciones y violando los acuerdos, los líderes de la Federación de Rusia utilizando el estatus de potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se atrevieron a desencadenar un conflicto internacional dentro de las fronteras de Europa, con la finalidad de ocupar y anexar la República Autónoma de Crimea perteneciente a Ucrania. Al no observar una reacción proporcionada de la comunidad internacional a estas acciones y sentirse seguro de esto, el régimen de Putin tomó nuevas medidas para establecer un “corredor terrestre” a Crimea a expensas de los territorios del sureste de Ucrania. Esto llevó al estallido de una guerra no convencional (híbrida) en el Donbas que ya se ha cobrado más de 13.000 mil vidas, y transformó a los territorios separados de las regiones de Donetsk y Luganks (Ucrania) en un campo de entrenamiento militar para el ejército ruso y las milicias (mercenarios). A su vez, esta situación acabó por crear las condiciones necesarias que llevarían a que militares profesionales de la Federación Rusa derribaran un avión de pasajeros, el vuelo MH17, lanzando un misil ruso de la serie 9M38 desde un sistema de misiles antiaéreos Buk-M1 perteneciente a la 53 Brigada de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas rusas. Pero el Kremlin no se detuvo allí y continuó cometiendo crímenes internacionales contra la humanidad, en este caso, interviniendo en el conflicto originado en Siria y poniéndose de parte del régimen criminal de Bashar al-Assad. Uno de los objetivos (principales) de esta intervención consistía en obligar a la comunidad internacional a reconocer la anexión de Crimea a cambio de posibles concesiones de la Federación de Rusia sobre la cuestión siria. Sin embargo, todo esto sólo provocó un agravamiento del conflicto militar y un aumento exponencial del número de víctimas civiles.
A su vez, la comunidad internacional se mostró indiferente y absolutamente desprevenida frente a la traicionera política agresiva neo imperialista llevada a cabo por Vladimir Putin, quien sueña con nuevas esferas de influencia y la restauración del Imperio Ruso “a costillas” de la soberanía de los países vecinos.
Cabe recordar que la Federación de Rusia lleva incumpliendo durante mucho tiempo su principal deber para con la comunidad internacional al no ser ya garante del mantenimiento de la paz y la seguridad, obligación contemplada en la Carta de las Naciones Unidas, organización de la cual éste país forma parte. El derecho de “veto” del cual dispone es utilizado exclusivamente para encubrir sus propios delitos y bloquear resoluciones trascendentales que realmente podrían ayudar a resolver muchos conflictos.
Las acciones de la Federación Rusa han sido calificadas más de una vez por la Asamblea General de la ONU como destructivas y con efectos negativos sobre la seguridad y estabilidad de los países vecinos, y del espacio europeo en su conjunto. Después de la anexión de Crimea, Rusia sigue ceñida a la doctrina soviética de utilizar la península como trampolín estratégico para implementar su política agresiva hacia otros países. El sector marítimo de Crimea ocupado por Rusia siempre ha tenido una importancia estratégica. En primer lugar, sirvió para garantizar un dominio militar completo en el Mar Negro, permitiendo la agresión soviética, y en nuestros días rusa en el Mediterráneo y el Mar Rojo y cumpliendo la función de contrarrestar las flotas de los países de la OTAN en estas aguas.
En 2015, el jefe del Kremlin, V. Putin, admitió que él mismo había dado el visto bueno a la participación de los militares rusos (“hombres de verdes”) durante la puesta en práctica de la operación “Primavera de Crimea”, que tuvo como desenlace la realización de un pseudo-referéndum, llegando al punto de los que participaron en ella fueron galardonados con condecoraciones estatales. Sin embargo, después de que la comunidad internacional se recuperó de este duro golpe e impuso las sanciones correspondientes, Vladimir Putin se retractó de sus palabras y de haber anunciado un referéndum, llegando a negar la existencia de cualquier injerencia del ejército ruso.
En sus resoluciones, la Asamblea General expresa una gran preocupación por la progresiva militarización de Crimea que está llevando adelante la Federación de Rusia como potencia ocupante. La anexión de la península de Crimea es una violación flagrante del artículo 2 de la Carta de la ONU, ya que todos los países deben abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la inviolabilidad territorial o la independencia política de cualquier estado o de cualquier otra forma que sea incompatible con los objetivos de la ONU.
Sin embargo, en el contexto actual, la Federación de Rusia utiliza de forma inadecuada su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y se permite simplemente ignorar (cuando le resulta cómodo) las prescripciones y normas de la Carta de la ONU y las resoluciones de dicha organización. Putin está desarrollando su tesis sobre la importancia del veto en el sistema internacional. Al mismo tiempo – amparándose en este estatus particular -, el Kremlin utiliza al Consejo de Seguridad de la ONU como plataforma para promover sus teorías conspirativas, primero contra Ucrania, luego contra Siria y finalmente en los casos de envenenamientos producidos en Salisbury y en la persona de A. Navalny. Gracias a su poder de veto, Moscú está bloqueando las investigaciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre dos aeronaves de pasajeros derribadas: un Boeing coreano abatido por un caza soviético en 1983 y el Boeing MH17 de Malasia derribado por un misil ruso BUK-M1 en 2014. Por otro lado, Rusia mantiene bloqueada la investigación de otros crímenes de guerra, en particular, los ataques con armas químicas del dictador sirio Bashar al-Asad contra la población civil, y también se ha negado a condenar la primera anexión de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, porque fue ella misma quien la realizó al ocupar Crimea. Por lo tanto, Rusia está tratando de presionar por sus propios intereses, creando efectivamente una salvaguarda para sus crímenes de guerra.
Una de las características inherentes de la política exterior llevada adelante por la Federación rusa consiste en el intento de destrucción del sistema internacional actual. El arsenal con el que cuenta la Federación de Rusia, la militarización total de las zonas marítimas de los mares Negro y Azov, de la península de Crimea, el permanente desarrollo de nuevas armas, las acciones agresivas contra Ucrania, los numerosos casos de desinformación, terrorismo cibernético, el uso de las organizaciones internacionales como plataformas desde donde justificar en base a sus propios argumentos actos delictivos contra países vecinos, y directamente atrocidades contra la humanidad, son manifestación de ello. La necesidad de destruirlo todo e intentar crear un nuevo orden mundial, se debe al hecho de que, en el contexto actual, el Kremlin no tiene manera de recuperar su status quo.
La fase activa de los ejercicios militares Kavkaz-2020 que se desarrollará de acuerdo a lo planificado del 21 al 26 de septiembre, también podría tener como objetivo el materializar las intenciones agresivas de Rusia contra Ucrania. Así podemos observar que el Kremlin organiza y realiza ejercicios militares a gran escala, se jacta por doquier de sus nuevos logros en el dominio de la industria armamentista, envenena a personas con agentes tóxicos especiales utilizados en la guerra química, dentro y fuera de sus fronteras, y lleva a cabo ostensivos asesinatos políticos en otros países. Este es el modelo clásico de comportamiento de la Federación de Rusia (y antes de la URSS) en las relaciones internacionales durante los últimos cien años de historia: mientras por un lado reclama acuerdos de convivencia pacífica, por el otro amenaza con acciones bélicas. Sin embargo, primero en 2008 (operación militar contra Georgia) y después en 2014 (operaciones militares híbridas contra Ucrania), este modelo comenzó a ser observado de forma crítica por los Estados Unidos y la alianza de la OTAN. De hecho, este último organismo culpó directamente a Moscú por el abandono del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (Tratado INF), y la comunidad internacional, por su parte, ya ha dejado de creer en la actitud pacífica del Kremlin contando con los antecedentes de Ucrania, Siria y Libia.
La militarización activa de la península de Crimea también ha generado una serie de problemas ambientales, algunos de los cuales ya se han convertido en verdaderos desastres humanitarios que están amenazando a la población civil.
Tras la anexión y militarización de la República Autónoma de Crimea, el país ocupante se enfrentó a un gran problema: la falta de agua para la población civil. De ello se deduce que, las posibles acciones agresivas de Rusia podrían estar dirigidas a apoderarse de la fuente del canal de Crimea del Norte en la región de Jersón, en Ucrania. Para garantizar el funcionamiento de la planta “Titán”, se perforaron más de una decena de pozos que bombean agua desde las perforaciones subterráneas ubicadas en Ucrania. Después de drenarse estos lagos subterráneos, la zona fronteriza entre Ucrania y la Crimea ocupada podría convertirse en un desierto contaminado con las emisiones químicas de esta planta.
La problemática del agua en relación con la península se hizo visible inmediatamente después de la anexión, pero con el período de tiempo que ya llevan los rusos en Crimea, este problema se convirtió en una verdadera pesadilla para las autoridades de ocupación. Toda la culpa es de la política militarista ejercida por la Federación de Rusia en relación con la península de Crimea. Se requiere una enorme cantidad de agua para cubrir las necesidades militares. Hay que garantizar la provisión a las tropas, el mantenimiento y abastecimiento de los equipos y la construcción de nuevas instalaciones militares. En realidad, no es que exista una faltante de agua para fines civiles, lo que sucede es que la potencia ocupante la destina, en primer lugar, para cubrir las necesidades militares. Mientras tanto, cuando los militares reciben este escaso recurso en su totalidad, la población civil recibe el agua por horario. El suministro de agua a los civiles de acuerdo a una franja horaria ya se ha convertido en algo tan habitual como las diversas maniobras militares, los desfiles y las exhibiciones. La propia península de Crimea y todos los recursos que se encuentran en ella son utilizados exclusivamente con fines militares. En virtud del artículo 55 del IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, la potencia ocupante tiene la obligación de no dejar desabastecida a la población.
Rusia se está apoderando como un ave rapaz de la energía y los recursos naturales que pertenecen a Ucrania y su pueblo, a la vez que – entre otras cosas -, está ocasionando un grave daño al medio ambiente, la pesca y la seguridad de las rutas marítimas. El puente de Kerch construido ilegalmente, junto con la transformación de perforaciones y los viaductos de Crimea (oleoductos) en objetivos con fines militares, representa una amenaza para el desarrollo económico y la seguridad ambiental en general. La Federación de Rusia está desgastando la voluntad de la población nativa de Crimea mediante la creación de un régimen militar estricto, obligando a sus habitantes a servir en el ejército ruso y a trabajar además, para la administración del ocupante.
Con respecto a una posible solución pacífica del conflicto militar con Ucrania, el Kremlin no está interesado en absoluto en un compromiso que pudiera resolver la situación en el Donbas por esa vía. Putin quiere implementar los acuerdos de Minsk bajo su propia versión y con sus propias condiciones, lo que implica una violación no solo de las leyes ucranianas, sino también de las normas y reglamentos internacionales. Además, Moscú oficialmente no deja de presionar a Kyiv para que inicie negociaciones con los representantes de las pseudo repúblicas, no solo en cuestiones humanitarias, sino también, en lo que respecta a la legitimación de su estatus.
Ucrania y sus socios occidentales han elegido el camino de una resolución pacífica del conflicto del Donbas, mientras que la Federación de Rusia, por su parte, no está interesada en absoluto en una solución de este tipo. A pesar del alto costo que representa para el presupuesto de la Federación de Rusia mantener las autoproclamadas repúblicas; y que la situación actual en los territorios temporalmente ocupados (TOT) de Ucrania repercuta negativamente en el ranking de V. Putin, el gobierno ruso sigue manteniendo estos pseudo-repúblicas. Mientras tanto, Moscú tolera oficialmente todos sus excesos esperando que se dé una de estas dos condiciones: la vuelta de los territorios temporalmente ocupados del Donbas a Ucrania, pero bajo sus propias condiciones, o recibir un rechazo absoluto por parte de Ucrania de estos territorios que legalmente le pertenecen (con su posterior anexión a Rusia).
Y mientras tanto, en el marco de la Asamblea General de la ONU, la Federación de Rusia está tratando hipócritamente de convencer a la comunidad internacional para que levante las sanciones económicas en su contra, y la de sus países satélites, con el pretexto de combatir la pandemia del COVID-19. ¡Pero las sanciones solo podrán levantarse una vez que se produzca el final de la agresión rusa contra Ucrania y la desocupación completa de sus territorios, es decir, de aquellos territorios temporalmente ocupados del Donbás y Crimea!
En 2020, el mundo se enfrenta al desafío que plantea la epidemia del COVID-19. Mientras el mundo entero luchaba y lucha contra la pandemia, Moscú intentó impulsar la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de su propia versión de la Declaración de Solidaridad en los tiempos de la amenaza del coronavirus, donde uno de sus puntos más pretensioso requiere el levantamiento de las sanciones internacionales en su contra y de sus países satélites. Así, utilizando la tribuna de la ONU, la Federación de Rusia trató de difundir la tesis de que, frente a una amenaza mortal global, Occidente debería (¡aunque más no sea de forma temporal!) olvidarse de las sanciones, la agresión rusa contra Ucrania, hacer vista aparte de los problemas del Donbas y Crimea, y unirse con el Kremlin. Y si esto no fuera así, las futuras víctimas del coronavirus pesarán sobre la conciencia de los Estados Unidos y la UE.
Al dirigirse a Occidente por la reconciliación y la unificación en la lucha contra el COVID-19 el Kremlin, en la práctica está actuando en la dirección opuesta. Primero, ni los bombarderos rusos sobre el Atlántico, ni las “pruebas de fuerza” de las defensas de la OTAN en los mares de Barents y Noruega, así como cerca de Alaska, han surtido algún efecto. En segundo lugar, la pulseada continúa: a principios de abril, Rusia llevó a cabo una serie de ejercicios militares en Crimea, Buriatia y el mar Mediterráneo. En tercer lugar, las tropas rusas continúan con las operaciones militares en el Donbas, ignorando los acuerdos del Formato de Normandía (Cuatro de Normandía).
La Federación de Rusia, con su régimen criminal ejercido por Putin, lejos de ser un garante de la seguridad y la estabilidad mundial, resulta ser la principal amenaza para la comunidad internacional. Es muy difícil imaginar cómo personas como Vladimir Putin puedan hablar sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional bajo los auspicios de organizaciones internacionales de máxima relevancia.
Vladimir Putin, dando muestras de ser un dictador, un terrorista internacional y un asesino no debería tener la posibilidad de hablar desde la tribuna de la ONU y expresarse sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Debería ser catalogado, en cambio, de tres maneras:
– en primer lugar, como un terrorista que durante los últimos cinco años, se ha negado a reconocer el intento de asesinato de un ex oficial de inteligencia ruso en Gran Bretaña; así como el exterminio de chechenos fugitivos en Austria, pasando por el asesinato de periodistas rusos en la República Centroafricana y, hasta llegar a negarse incluso a iniciar una investigación oficial sobre el envenenamiento de Alekséi Navalny en quien se utilizó el mismo veneno que el usado para eliminar a ex ciudadanos rusos en el extranjero; y además, obstruir el proceso en los Países Bajos por los cargos contra Rusia por el derribo del Boeing de Malasia en el espacio aéreo del Donbas, el 17 de julio de 2014;
– en segundo lugar, como una persona que se presenta a sí misma como el nuevo “gendarme” de Europa, lo que en esta última oportunidad se tradujo en un manifiesto apoyo al presidente ilegítimo de la vecina Bielorrusia, que perdió las elecciones, pero se niega categóricamente a abandonar el poder;
– En tercer lugar, como líder de un país conocido en el mundo como fuente de desinformación y saboteador tecnológico: de hecho fue en estos últimos años cuando se desenmascaró el accionar del espionaje ruso, las redes de influencia y la recopilación de información se generalizó a gran escala.
Moscú considera la apertura de la sesión de la Asamblea General de la ONU como uno de los eventos, en cuyo margen podría tener lugar la propuesta de Vladimir Putin para la realización de la cumbre de los “cinco” miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Después de la exclusión de Rusia del G8, el Kremlin está intentando sin éxito encontrar una alternativa y demostrar que, el régimen está volviendo a mantener una relación civilizada con el resto del mundo. Pero nunca debemos olvidar que Rusia debe hacerse merecedora de esto, demostrando con acciones fehacientes la desocupación de Crimea y la finalización de la guerra en el Donbas.