Miles de personas han sido detenidas desde marzo en centros de cuarentena, almacenes o polideportivos, gestionados por el gobierno de Paraguay, un país que ostenta buenos números en el
manejo de la pandemia de coronavirus. Pero ¿a qué costo? La situación se repite en otros países como Venezuela y El Salvador, según una reciente denuncia de Amnistía Internacional.
Se trata de lugares “inadecuados y sin garantías suficientes frente a las violaciones de derechos humanos”, afirma Amnistía, que documentó al menos 90.000 arrestos en Venezuela, 16.000 en El Salvador y 8.000 en Paraguay.
‘’Condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes’’, denuncia AI en el informe llamado Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante Covid-19 en las Américas, publicado este lunes.
Desinfección de calzado al ingreso de una prisión en Paraguay. Foto: AFP
La ONG asegura que esto puede constituir malos tratos y que incluso estos espacios, lejos de ser lugares de protección contra el virus, se vuelven en terrenos donde se corre el peligro de contraerlo por las condiciones sanitarias.
En esos centros se encerraron a migrantes, refugiados y a personas que volvían al país.
“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, afirma Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Venezuela
En el caso de Venezuela, AI ha calculado que se ha puesto en cuarentena a 90.000 personas al volver al país desde Perú o Colombia, países vecinos en los que habían perdido su empleo.
Al llegar, fueron encerrados en centros de confinamiento controlados por militares y que esos lugares eran insalubres y, a veces, inhumanos.
El informe de AI sostiene que en Venezuela se confinaron a unas 90 mil personas. Foto: AFP
El Salvador
En El Salvador, a finales de agosto había más de 16.000 personas en cuarentena, algunas sospechosas de haber estado con personas positivas, otras que volvían del extranjero e incluso aquellas acusadas de haber incumplido el confinamiento obligatorio.
El propio ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, amenazó en abril que los ciudadanos que no cumplieran el encierro en sus casas serían “llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus”.
“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo Ana Cristina a Amnistía Internacional.
Miembros de pandillas hacinados en la prisión de Quezaltepeque en El Salvador. Foto: AFP
Esta mujer, según el informe, pasó 40 días durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue detenida a mediados de abril acusada de no respetar el confinamiento pero ella asegura que había salido a comprar comida y medicamentos, algo permitido por las autoridades.
A 8.000 personas se les impuso una cuarentena a finales de junio. La mayoría habían regresado al país después de haber perdido el trabajo en el sector informal del vecino Brasil.
Para hacer el informe Amnistía Internacional examinó decenas de videos en redes sociales y directamente enviados a la organización por personas que estaban internadas en los centros.
Un pandillero con barbijo en una celda sobrepoblada en El Salvador. Foto: AFP
También entrevistó por teléfono a 14 personas. A través de sus testimonios, pudo comprobar, según afirman, que mucha gente pasó más de dos semanas, periodo recomendando por la OMS, encerrados en los centros, incluso algunos pasaron un mes.
“Aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que su imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”, sostiene Erika Guevara.
Detenciones arbitrarias
Guevara explicó que los Gobiernos tienen derecho a limitar la circulación de los ciudadanos para afrontar la crisis del coronavirus, pero subrayó que “en estos tres países podríamos hablar de detenciones arbitrarias porque en muchos casos la gente no fue informada ni de por qué estaba siendo detenida”.
Especialmente polémico es el papel de las fuerzas de seguridad, puesto que se han documentado “abusos” y “malos tratos” de policías durante los arrestos.
Por ello, Amnistía Internacional aboga por confinamientos que tengan en cuenta a los millones de pobres y trabajadores de la economía informal que necesitan salir de casa para subsistir.
“Nuestra recomendación es que se eviten las medidas coercitivas y se enfoquen medidas voluntarias de confinamiento basadas en el contexto de la región y sus enormes desigualdades”, resumió Guevara.
AFP
RFI y EFE
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