Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones económicas están con la mirada puesta en los cinco cortesanos. La sociedad, que aspira a vivir en una república, también. Una decisión, o indecisión, que definirá el modo en que los recordará la historia. Por Fabio Ferrer
Es un secreto a voces. Por acción o por omisión el máximo tribunal de la República Argentina dará vía libre a la expulsión de los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castellide los cargos que ocupaban en la Justicia Federal Penal, aquella ante la cual se tramitan las causas de corrupción.
De nada sirvió explicar que los tres jueces llegaron a esas posiciones respaldados por una acordada firmada en el 2018 por esta misma Corte Suprema de Justicia que hoy parece mirar hacia otro lado. Tampoco los ruegos de las asociaciones de magistrados y fiscales que ven en esto el comienzo de la conquista final del poder que aun no domina el kirchnerismo. Alea iacta est, la suerte está echada.
Luego vendrá el tiempo de explicar el porqué de la decisión. Muchos apuntan a la falta de liderazgo del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Otros, al justificado enojo de Ricardo Lorenzetti, quien hace dos años -y por iniciativa del entonces presidente Mauricio Macri- sufrió algo parecido a un golpe de estado y fue desplazado de la presidencia del tribunal que desde entonces ejerce Rosenkrantz. Algunos, finalmente, miran las estrechas relaciones que con el Poder Ejecutivo mantienen Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y de Horacio Rosatti.
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Sin embargo, la historia no se detendrá en estas minucias y mezquindades. Cuando el tiempo haya transcurrido, los actuales integrantes de la Corte serán recordados como los cortesanos que dejaron desamparados a jueces que intentaron investigar y castigar delitos de corrupción en las altas esferas del poder.
Basta recordar el ejemplo de José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, los cuatro jueces supremos que, junto al procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron una acordada convalidando el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. No importa hoy qué pensaron aquel 10 de septiembre de 1930. Sólo se los recuerda por haber sido integrantes de la Corte Suprema de Justicia que convalidó el golpe militar que torció la historia de la Argentina. El primero de una larga serie.
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En el Instituto Patria ya se prepara el festejo. Y el gobierno, entretanto, acelera los concursos para ubicar a abogados amigos en los puestos que quedarán vacantes. El objetivo es declarar nulo, lo antes posible, todo aquello que intranquila a la actual vicepresidente.
Cuál será el camino que seguirán los jueces del cuarto piso del Palacio de Justicia para hacer triunfar la impunidad es un misterio. Aunque algunos juristas ya hablan de la “solución Sosa”, recordando el caso del ex jefe de los fiscales de la provincia de Santa Cruz -Eduardo Sosa- que se animó a investigar al entonces gobernador Néstor Kirchner y fue -como Bruglia, Bertuzzi y Castelli- desplazado de su cargo. En aquel momento, la Corte Suprema de Justicia se tomó demasiado tiempo para intervenir. Cuando ordenó reponerlo en su cargo, ya era tarde, el puesto de Eduardo Sosa estaba ocupado por un amigo de Carlos Zannini.
No serán simples de medir las consecuencias de este ataque a la independencia de los poderes de la República. Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones económicas están con la mirada puesta en los cinco cortesanos. La sociedad, que aspira a vivir en una república, también.
Nunca fueron buenos, en estos 210 años de historia, los momentos en los que los circunstanciales ocupantes de la Casa Rosada salieron en busca de la suma del poder público.
Fuente Infobae