Primera hora de la mañana de ayer. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llama a su número dos, Ignacio Aguado, al despacho de la Real Casa de Correos.
En apenas cinco minutos, el político de Ciudadanos cruza los 30 metros que separan el edificio de Postas y se encuentra con la líder popular. Hay que rematar la orden que se empezó a redactar, como borrador, la jornada anterior. Las diferencias internas de los últimos meses quedan aparcadas y aquí la máxima es «la perfecta coordinación y sintonía», explican en Sol. El «sanedrín» que se encuentra detrás de la puerta de la presidenta lo completan el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; su segundo, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, que es quien firma el documento. Además, también pasa acude en algunos momentos Enrique López, el exmagistrado del Supremo que es consejero de Justicia, Interior y Víctimas, hombre cada vez más fuerte en el entorno de Ayuso, y que es quien asesora en una de las trabas fundamentales: el encaje jurídico de las medidas en un margen muy estrecho que, se quejan en Sol, les han dejado desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La máxima es el criterio sanitario, salvar vidas. Pero también que el confinamiento sea el más «amable» posible: «Porque un cierre total es un desatre económico y somos la locomotora de España», repiten en la Presidencia. Se quiere evitar a toda costa la petición formal a Moncloa de que declare el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Se lleva trabajando en este escenario desde agosto, y más arduamente a partir de que el 4 de septiembre se anunciaran las anteriores restricciones que sabían que tendrían que endurecerse en 15 días. Esta semana ya se fueron cerrando los flecos. La comunicación entre Escudero e Illa ha sido prácticamente diaria, pero apostillan: «Hemos tomado esta decisión de manera totalmente autónoma».
FUENTE DIARIO ABC:
