En ese sentido, señalaron que las personas manifestaron sus voces de repudio frente al Panteón de los Héroes, haciendo uso del legítimo derecho a reunirse y manifestarse, de
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Asimismo, indicaron que la Fiscalía procedió a imputar a las personas que se reunieron, amenazándolas con penas de cárcel o multas millonarias, supuestamente, por el no uso de tapabocas de varios de ellos en determinado momento del acto.
“Esta pretensión de la Fiscalía supone la derogación de hecho de las garantías constitucionales mencionadas, sin que exista estado de excepción. Una pretensión inaceptable desde todo punto de vista, pues pretende acallar las voces ciudadanas que interpelan pacíficamente al Gobierno”, remarcaron.
Entre tanto, manifestaron que estos actos retrotraen al país a los tiempos de la dictadura, con el uso antojadizo de las leyes.
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De la misma manera, remarcaron que, si en el acto frente al Panteón se procedió a la quema de una bandera y la pintata del edificio, las personas responsables deben dar cuenta de ello y no manifestantes pacíficos que nada tuvieron que ver con ese tipo de hechos, como Diana Bañuelos, miembro de Codelucha, y el escritor Miguel Ángel Fernández, docente y militante por los derechos humanos.
“Exigimos el cese de estos procedimientos arbitrarios por parte de fiscales que actúan al margen de la ley y el cese de estas causas abiertas contra personas que no han cometido delito alguno”, finalizaron.
Las primeras procesadas fueron Mariángela Guidita Abdala, Paloma Chaparro Panimboza y Giselle Noemí Ferrer Pasotti por quemar la bandera colgada en el lugar y por pintar las paredes del Panteón.