Los alcaldes del PP en Castilla-La Mancha advirtieron ayer que no pueden esperar hasta diciembre para tener una ley contra la ocupación ilegal que ponga solución a «este grave problema que afecta
a toda España y a nuestra región». Así lo demandaron alcaldes de la provincia de Toledo tras la reunión que mantuvieron con el presidente provincial y senador, José Julián Gregorio, y los diputados regionales Emilio Bravo y Gema Guerrero. Además, recordaron la necesidad de tener a su alcance herramientas para atajar la ocupación ilegal en sus municipios, según informó el PP en una nota de prensa. El presidente provincial y senador del PP, José Julián Gregorio, lamentó que Toledo es una de las provincias más «castigadas», lo que está haciendo «muchísimo daño a nuestros vecinos, que se sienten inseguros e intranquilos». Gregorio aseguró que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, está liderando la iniciativa legislativa para frenar la ocupación ilegal de viviendas. Afirmó también que el partido ya está trabajando en el texto normativo, que se presentará en breve en las Cortes Regionales, porque «esto no va de colgarse medallas, sino de trabajar y de solucionar los problemas de los castellanomanchegos». Gregorio denunció que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, mintiera en la sede parlamentaria al afirmar que el Gobierno regional ya estaba trabajando en una ley antiocupación, pero «la realidad es que en la previsión legislativa del periodo de sesiones no aparece ninguna normativa para poner solución a este problema». El presidente provincial del PP acusó a Emiliano García-Page de faltar a su palabra, puesto que el presidente de la Junta de Comunidades «se comprometió» con el jefe de la oposición, Paco Núñez, a alcanzar un acuerdo conjunto en materia de ocupación para trasladar desde las Cortes Regionales un texto normativo al Consejo de Ministros para poner fin a la ocupación ilegal. Por su parte, el diputado regional y alcalde de Mora, Emilio Bravo, aseguró que el PSOE regional «mira para otro lado». El alcalde de El Casar de Escalona, Israel Pérez, habló de la «gran preocupación» en los alcaldes de la comarca de Torrijos, y exigió una ley de manera urgente que sea «mucho más dura, menos permisiva y que contemple herramientas legales suficientes para poder actuar contra la ocupación ilegal». Vigilar viviendas La regidora de Mocejón, Conchi Cedillo, recordó que la comarca de La Sagra está muy castigada, con municipios con 2.500 habitantes y cuyo índice de ocupación está siendo «muy alto». El alcalde de Pantoja, Julián Torrejón, advirtió de que hay muchas personas que utilizan el empadronamiento para ocupar viviendas. Además, están llegando bandas organizadas que cortan el suministro de agua en los edificios y que obliga a los trabajadores municipales a vigilar las viviendas. Por último, la alcaldesa de Villatobas y diputada regional, Gema Guerrero, está preocupada por que los vecinos de la comarca de Ocaña se sienten «impotentes e indefensos».
FUENTE DIARIO ABC:
