
El Tribunal Constitucional de Perú rechazó este jueves suspender el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra, impulsado por el Congreso, pero admitió evaluar la demanda para aclarar en
qué circunstancias se puede cesar a un mandatario en su último año de gobierno.
Así, el juicio político contra el presidente, acusado de corrupción, se llevará a cabo el viernes tal y como estaba previsto.
Los magistrados del TC votaron en contra de la medida cautelar presentada por el Ejecutivo porque “el peligro (de una destitución) se ha diluido, por ahora no advertimos peligro”, explicó la presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, en declaraciones a RPP Noticias.
Con la decisión adoptada por el TC, Vizcarra o su abogado deberían presentarse el viernes ante el pleno para defenderse antes de que los legisladores voten sobre su destitución.
La presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma, argumentó que la cautelar fue rechazada “a la luz de las declaraciones de los principales dirigentes de las bancadas del Congreso” y agregó que “no se ha encontrado urgencia o una situación inminente o irreparable”, según informó la agencia estatal peruana de noticias, Andina.
La moción de censura contra Vizcarra ha sido impulsada tras la difusión de unas grabaciones que lo vinculan con un posible caso de corrupción.
La oposición sospecha que el Ejecutivo pudo cometer irregularidades en la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, entre 2018 y 2020, a través de una serie de contratos valorados en 155.000 soles (más de 35.000 euros).
Las dos funcionarias que aparecen en las grabaciones ya se han apartado del gobierno, mientras que Vizcarra negó irregularidad alguna e incluso denunció un “complot”.
La ministra de Justicia, Ana Neyra, aseguró la semana pasada que el Congreso estaba interpretando “de manera equivocada e inconstitucional” la figura con la que quiere tumbar a Vizcarra.
“El modo como está interpretando el Congreso la Constitución no es compatible con el sistema de gobierno, está afectando competencias del Ejecutivo y minando el orden constitucional”, criticó.
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