Si alguien pensaba que la mayor crisis vivida en España tras la Guerra Civil o la situación de Sevilla capital en plena crisis del coronavirus iba a unir a los partidos políticos
estaba equivocado. Ni frente común ni consenso ni nada que se le parezca.Superado el verano y en el arranque de lo que se supone debe ser una fase de reconstrucción, los representantes públicos de la ciudad siguen donde estaban: en la trinchera y la batalla como principal motor de acción. Entre los motivos actuales, principalmente, el sistema que pretende imponer el Gobierno para gestionar los ahorros de los ayuntamientos (mediante un «mecanismo de adhesión voluntaria») para hacer frente con ellos a la crisis, una propuesta del Ejecutivo nacional que, como es lógico, sigue defendiendo el PSOE. Al llevar al pleno de ayer el PP un punto para rechazar la negociación en torno a ese asunto con el gabinete de Pedro Sánchez, la guerra dialéctica estaba servida. Otra vez. Los populares insistieron en su tesis de que dicho acuerdo resultaba «absolutamente lesivo» para las entidades locales e invocando la autonomía de los mismos, acusando al alcalde, el socialista Juan Espadas, de «apoyar este robo» después de haberse posicionado «en contra de tal medida» y haciendo ver que el regidor actúa por «intereses más allá de los meramente municipales en su cambio de opinión, tendente a la claudicación ante el presidente de su partido». Entre los ocho puntos de la moción figuraba el rechazo a la negociación previamente mantenida entre el Gobierno y la FEMP, considerando que se redujo a «los representantes socialistas y de Unidas Podemos, excluyendo al resto de fuerzas políticas». Espadas reiteró que al no prosperar en el Congreso el mencionado decreto Ley, el Ayuntamiento «ha perdido una oportunidad para movilizar unos 65 millones de euros frente a la nueva crisis», criticando especialmente al PP por considerar «un robo» este uso del remanente de cada municipio. «Al tratarse de un mecanismo de adhesión voluntaria, no puede haber robo alguno», dijo Espadas, argumentando que los mencionados remanentes municipales están bloqueados por la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria promulgada en 2012 por el entonces Gobierno central del PP y que a falta de «tiempo» para modificar dicha regulación, era necesario buscar una fórmula alternativa. «El PP ha preferido doblar el pulso al Gobierno, porque su única estrategia es volcar al Ejecutivo», indicó reclamando «un acuerdo equilibrado para desbloquear esos fondos que confiscó el PP en 2012».
FUENTE DIARIO ABC: