La intención era que, para una integración primaria del fondo, sean transferidos y administrados por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud, la
En ese sentido, se pretendía una proporción de 60% de Itaipú y 40% de Yacyretá de sus fondos sociales.
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El proyectista Celso Kennedy señaló que la “aprobación del proyecto redundaría en una herramienta de extrema utilidad para el presente y el futuro, contribuyendo a la atención oportuna de las necesidades ciudadanas, ampliamente multiplicadas en tiempos de crisis, y en especial para el abastecimiento de agua potable tan necesaria y limitada en nuestro país”.
Mencionó que el suministro de agua potable es una demanda urgente, vital para la sociedad paraguaya e insatisfecha desde hace mucho tiempo y que no demanda demasiado recurso.
“En una política de Estado eficiente y justa, en realidad se puede llegar a solucionar y por qué no, con los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá”, comentó.
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Por su parte, el diputado Justo Zacarías pidió el rechazo del proyecto. “El problema está en la financiación, los fondos sociales son finitos, tienen determinado valor y no alcanzan a cubrir todas las necesidades. Es imposible obligar a la imposición de los fondos sociales cuando los mismos son oriundos de tratados”, comentó.
Los diputados Édgar Acosta, Celeste Amarilla, Kattya González, entre otros, apoyaron la propuesta considerando la extrema necesidad de agua potable en pandemia, así como la extrema sequía por la que pasa el país. Finalmente, el documento tuvo 25 votos a favor y en contra 30 votos, que enviaron el proyecto al archivo.