Cada vez que puede, aclara que lo que busca no es dinero para ella, sino garantizar lo que corresponde del patrimonio para sus hijos. Así y todo, su objetivo central es
que los cuatro herederos del clan Báez queden afuera de todas las acusaciones judiciales. Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez, redobla la apuesta y después de haber remitido a través de sus abogados cartas documento a la familia de Claudia Insaurralde, la novia actual de la empresario patagónico, asegura que el contratista es “usado” y que hay gente que “le roba la plata”.
En 2013, la Justicia le adjudicó a Báez un patrimonio de U$S 205 millones. Lo hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación, al otorgarle valor a las 1.412 propiedades y vehículos que le detectaron al empresario en más de 120 allanamientos realizados en ocho provincias diferentes.
Un hotel cinco estrellas sin inaugurar, casas desde las más simples a otras con mayores comodidades, cabañas, terrenos, locales comerciales, chacras con canchas de fútbol, una sede deportiva, un parque automotor de 947 vehículos de los más variados, medio centenar de estancias y campos, edificios de departamentos, cocheras y galpones son parte del cuantioso y variado patrimonio del empresario K, que para mayo de 2003 sólo era monotributista y tenía una casa en un barrio social en Río Gallegos.
Los bienes se encuentran cautelados por la justicia, pero Norma Calismonte -divorciada de Lázaro desde noviembre de 2015- busca garantizar para sus cuatro hijos “lo que les corresponde”, como reitera cada vez que puede. Es que ese millonario patrimonio se convirtió en foco de disputas.
La mayor cantidad de los bienes que la justicia sostiene que Báez compró de forma ilícita se encuentra radicada en Santa Cruz y el control sobre las mismas, a 3.000 kilómetros de distancia, se volvió una tarea compleja para la justicia. Se denunciaron robos, desmanes, entraderas, usurpaciones. Así, la familia Báez veía con el correr del tiempo el deterioro de muchas propiedades.
A esa situación se sumó otra: desde la cárcel Lázaro Báez emitió diversos poderes de administración a abogados y otras personas de su confianza. Esto devino en una serie de planteos formulados por los abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini, representantes de Norma Calismonte.
Como contó Clarín, la ex esposa del empresario K buscando determinar cuál es el monto total del patrimonio que reclamará cuando los juicios orales concluyan y la justicia determine si decomisa la totalidad de las 1.412 propiedades. La mujer sostiene que alrededor de su ex esposo hay gente que “lo usa”.
Ante personas de su máxima confianza, la ex esposa de Báez se sinceró: “Ahora que está con prisión domiciliaria, espero que (Lázaro) vea quién le quita la plata”.
Según indicaron los abogados de Calismonte, el usufructo de unas cabañas ubicadas en la localidad de 20 e Noviembre está en la mira. Esas cabañas están a cargo de familiares de Claudia Insaurralde, novia actual de Báez. Por tal motivo, remitieron cartas documento para que informen cuánto dinero perciben por la explotación de los inmuebles y a dónde se dirigen esos fondos. Los abogados cuentan con recibos en base a los cuales avanzaron con las intimaciones, de las cuales no recibieron ninguna respuesta.
La tensión crece mientras el empresario K cumple su primera semana fuera del penal de Ezeiza, al que había ingresado en abril de 2016 acusado de lavado de dinero. Ahora cumple arresto domiciliario junto a Insaurralde en una casa de dirección desconocida. Su ex esposa no duda que ella “lo usa para su beneficio”, según indicaron allegados a Clarín.
Los reclamos por el manejo de fondos que no van a las cuentas judiciales ni a la familia Báez no son recientes. A comienzos de año, los abogados Herrera y Baldini intimaron al ex yerno del empresario K, Marcos Muller, que era responsable de administrar parte de los bienes del grupo empresarial y que ahora se dedica al rubro petrolero.
Calismonte le reclamó un detalle de los movimientos de dinero, de los bienes alquilados y vendidos bajo su administración. Esta situación se replicó con otros administradores nombrados por Báez. Creen que aún manejan dinero sin rendirlo a la justicia ni a la familia. Estiman que son más de 2 millones de pesos por mes que circulan sin controles.
“Hay personas que lo están esquilmando con ventas y alquileres de máquinas y camionetas. Y hay un grupo de abogados que perciben montos millonarios de alquileres”, explicaron en su ocasión los abogados a Clarín.
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