La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene ante sí una decisión crucial sobre el futuro procesal de Pedro Sánchez y de algunos miembros del Gobierno, que en los últimos meses
han sido objeto de una veintena de querellas por su gestión del coronavirus en España. El informe de más de 300 folios firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, rechaza de plano que las querellas deban ser siquiera admitidas a trámite porque no existe una relación de causalidad entre las acciones del Gobierno contra el virus y el daño provocado con la muerte de entre 30.000 y 50.000 personas, dependiendo del cálculo que cada institución prefiera hacer. Sin embargo, el informe de la Fiscalía está generando no poca conflictividad interna en el seno de la Fiscalía. Primero, porque pese a no ser habitual, despacha en un informe genérico y global su criterio contrario a cualquier investigación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sin presentar dictámenes separados y específicos sobre cada querella concreta, aunque cada una de ellas fue presentada desde muy distintos ámbitos y con muy diferentes acusaciones delictivas. Y segundo, porque pese a llevar la rúbrica de un fiscal solvente, experimentado y técnicamente reconocido como es Luis Navajas, lo cierto es que en el informe se intuye la larga mano de la secretaría general técnica de la Fiscalía General del Estado, férreamente controlada por Dolores Delgado, y diseñada a su propia medida y a la del Ejecutivo de Sánchez con fiscales de su confianza, mayoritariamente provenientes de la progresista Unión Progresista de Fiscales. La demostración de la inquietud que el informe está generando en ámbitos del Ministerio Público es que está trufado de fragmentos, reflexiones y argumentos de índole política con los que el fiscal rechaza las querellas porque a su juicio están basadas en maniobras de enfrentamiento o motivación ideológica contra el Gobierno. Fuentes jurídicas consultadas por ABC sostienen que bastaba con que Navajas -y por extensión Delgado, que fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez, y que, por motivos obvios, tiene la obligación legal de abstenerse de modo directo e indirecto respecto a cualquier querella contra el Gobierno- dejara constancia de si los hechos denunciados son o no subsumibles en delitos concretos o en otras infracciones penales. Sin embargo, la Fiscalía se adentra en un ámbito que no le corresponde, cuestionando el supuesto interés ideológico de los querellantes al actuar contra Sánchez y algunos de sus ministros como argumento de peso para no tener que investigar. «El criterio de la Fiscalía General no es vinculante para el Supremo» No obstante, el criterio de la Fiscalía General no es vinculante para el Supremo. De hecho, atrás quedan meses de verano en los que Dolores Delgado, a través de «mensajeros» interpuestos ante el propio Supremo, se ha mostrado más que preocupada por la decisión final que puedan adoptar cinco magistrados respecto al futuro procesal-penal del Gobierno. La Sala Segunda del Supremo siempre dio como asumido que la Fiscalía nunca propondría una investigación penal sobre el Gobierno, entre otros motivos porque Delgado fue designada fiscal general para tratar de evitarlo, más allá de que la existencia del Covid fuera una entelequia impensable cuando fue nombrada. Pero es que ni siquiera el informe redactado por la Fiscalía goza de lo que fuentes judiciales denominan un «criterio técnico» exigente. Está nutrida de «contenido político» más que discutible desde una perspectiva puramente penal. Por eso sigue siendo imprevisible el pronunciamiento que puedan hacer los magistrados del Supremo respecto a las querellas, por mucho que algunas se basen en meros recortes de prensa o carezcan de la solidez jurídica suficiente para sostener una acusación formal. Otras, sin embargo, sí podrían tener recorrido judicial, incluso aunque no fuese ante el Supremo, sino ante juzgados ordinarios que en su momento podrían elevar exposiciones razonadas al Supremo si encontrasen indicios penales contra ministros u otros aforados. Técnicamente, acusar a miembros del Gobierno de miles de homicidios imprudentes tiene muy escasa viabilidad penal, por no decir ninguna. Por ejemplo, es imposible acreditar que la ausencia de mascarillas, o que el Gobierno no ofreciese toda la información que tenía disponible en marzo o abril, pueda vincularse penalmente a las muertes por algún tipo de negligencia o irresponsabilidad. Jurídicamente, no existe el delito de «homicidio difuso» para fundamentar la tesis de que alguna de las 50.000 personas fallecidas murió, por ejemplo, porque el 8-M no llevase mascarilla. Es indemostrable un lazo causal en ese sentido, o que ocultar información causase miles de óbitos. Y de eso la Fiscalía y el Supremo son conscientes. Cosa distinta es lo que pueda ocurrir con otras acusaiones, por ejemplo, basadas en la decisión administrativa del Gobierno de impedir, por criterios políticos y no estrictamente médicos, que pudiesen salir ancianos de sus residencias antes de arriesgar sus vidas. O lo que suceda con la falta de dotación de medios sanitarios elementales. O lo que ocurrió con los contratos de la Administración para tratar de asegurar equipos de protección elementales a los sanitarios, y si existió o no prevaricación en ese sentido. La Fiscalía de Delgado lo descarta. Pero el Supremo tendrá la última palabra, aunque sean juzgados ordinarios los encargados de dirimir estas responsabilidades.
FUENTE DIARIO ABC:
