En 2003 Lázaro Báez sólo tenía una casa y un cargo en el Banco Residual creado cuando se privatizó el Banco Santa Cruz. Durante los doce años de kirchnerismo
en el poder, acumuló 1.412 propiedades y vehículos, y lejos de los 66 millones de pesos que declaró ante la AFIP en 2013, el Tribunal de Tasaciones de la Nación le adjudicó un patrimonio equivalente a 205 millones de dólares. Gran parte de aquellas propiedades están en suelo santacruceño, donde son custodiadas por más de 480 gendarmes. Ahora, esa fuerza federal solicitó ser relevada de la tarea. Lo mismo ocurrió con una consigna a cargo del hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner.
Contabilizar la fortuna del socio comercial de Cristina Kirchner se convirtió en una tarea de constante actualización. Cada vez que el Tribunal emitía un informe ante el fiscal Guillermo Marijuan -quien encaró la tarea de ponerle un número a los bienes de Báez- detectaban nuevas propiedades.
Los 52 contratos viales que el Grupo Austral de Báez ganó durante el gobierno kirchnerista le valieron ingresos por 46.000 millones de pesos. El ascenso de la fortuna del empresario K fue simultáneo a la ejecución -parcial, sobrevalorada e incompleta- de esas licitaciones, y por eso es juzgado junto a la vicepresidenta: a ella la acusan de haber favorecido al “amigo presidencial” para que maneje contratos millonarios que no sólo se habrían volcado a su patrimonio, sino a operaciones de blanqueo que incrementaron los ingresos de la familia Kirchner.
Entrada a la estancia Cruz Aike, de Lázaro Báez ubicada a 70km de El Calafate. Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz.
Los fondos provenientes de la obra pública fueron considerados por el juez Sebastián Casanello, como el “delito precedente” de las maniobras de lavado de activos por 60 millones de dólares. Por eso era importante ponerle un número a los bienes de Báez, a quien se le trabó un embargo de 600 millones de dólares.
El imperio inmobiliario de Báez se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones y edificios. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.
La mayoría de ese acervo patrimonial se encuentra en suelo santacruceño. Sus dimensiones y distancia hicieron muy dificultosa la tarea de conservación y resguardo de las propiedades. Robos, desmanes, entraderas, fueron una constante sobre algunos lugares. Incluso, la familia Báez denunció que muchos vehículos y maquinaria de Austral Construcciones eran desarmados y sus partes vendidas de forma ilegal.
La estancia Cruz Aike, de Báez, donde el contratista se reunía con Néstor y Cristina Kirchner. Foto OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
La Justicia determinó entonces, reforzar la custodia sobre casas, campos, galpones como predios de la constructora. Así, según el informe de Gendarmería Nacional, por mes hay 480 uniformados afectados exclusivamente a “cumplir sus servicios en lugares inhóspitos carentes de servicios básicos, y largas distancias de sus Unidades de origen”, según el oficio presentado ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que juzga al a familia Báez por lavado de dinero.
En esa nota, donde se detallan las consignas que cumplen los gendarmes con sus respectivos relevos, se explicó además que la provincia de Santa Cruz atraviesa una crítica situación a raíz de los aumentos de casos de coronavirus. En este sentido, se pidió que la Justicia desafecte a Gendarmería nacional de las tareas de resguardo de los bienes de Lázaro Báez, o que se lo asigne a otras fuerzas. Es que Gendarmería “debe mantener actividad operacional institucional sobre el límite internacional fronterizo, pasos internacionales y principales vías de comunicación terrestres de la provincia”.
Argumentos similares fueron volcados en otra nota remitida a los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que tiene a su cargo el caso Hotesur, la firma hotelera de la familia Kirchner, donde la vicepresidenta y sus hijos están procesados -junto a Báez-, por operaciones de lavado de dinero.
Al hotel Alto Calafate, ubicado en el acceso principal a la villa turística, se le asignaron dos gendarmes de forma permanente. Las autoridades de Gendarmería en Santa Cruz también pidieron que sean relevados de esa consigna.
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