La justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos
catalanes durante el procés, a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets. En un auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, la Batllia d’Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. El juez andorrano considera que la querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, expone unos hechos que «pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil». Por ese motivo, estima procedente admitirla a trámite para su investigación y remite las pesquisas a la Presidencia de la Batllia. Cierre de la entidad y de Banco Madrid La causa se deriva de la querella que presentó el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el colectivo de juristas independentistas Drets contra Rajoy y la cúpula del Ministerio de Interior en la etapa de Fernández Díaz, por enviar supuestamente a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes, entre ellos el expresidente autonómico Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol. La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid, ambos ya clausurados, si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que «intimidaba» al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado de Andorra en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad. El Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la asociación Drets presentaron la ampliación de querella para «dar continuidad» a las investigaciones realizadas contra los cuatro policías españoles que presuntamente presionaron a BPA para lograr los datos bancarios de Mas, Junqueras y los Pujol, en la denominada Operación Cataluña.
FUENTE DIARIO ABC: