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El sistema de justicia nacional demandará el año próximo al Estado un gasto de 95 mil millones de pesos, de los cuales un 90 por ciento está comprometido para el pago de salarios, aunque sin contemplar eventuales aumentos en negociaciones paritarias.
La Casa Rosada solventa el gasto de la Justicia nacional, federal y de la Corte Suprema, sobre un cálculo de proyección que realiza todos los años el Consejo de la Magistratura, sobre los gastos de los fueros federal y nacional, y la misma Corte en lo que se refiere a sus necesidades.
En los considerando del Presupuesto que el Consejo elevó a la Corte para que adjunte sus gastos y lo envíe al Ejecutivo, el administrador general del Poder Judicial, Claudio Cholakian, advirtió que el cálculo de gastos se efectuó con un aumento estimado del 30 por ciento para los insumos y de un 20 para los servicios.
“Se han seguido criterios que asignan prioridades en los bienes y servicios en materia informática”, señaló el proyecto de Cholakian, que hizo eje en las necesidades tecnológicas que generó la pandemia de coronavirus y la necesidad de acelerar la digitalización de la justicia.
En material informático y licencias de software la justicia argentina invertirá cerca de 400 millones de pesos, una cifra imponente que no obstante no alcanza para cubrir el desafío dejado por la pandemia en cuanto a conectividad y digitalización de todo el proceso judicial.
Más allá de los esfuerzos administrativos en informática, el presupuesto general tampoco “alcanza”, como advirtió el presidente del Consejo, Alberto Lugones, en varias oportunidades y lo consignó la misma Corte en la acordada 32, al elevar sus números a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
Esa dependencia fijó “techos” presupuestarios para la asignación de recursos y en el caso de la justicia, a criterio y evaluación del máximo tribunal, “resultan insuficientes (esos montos máximos) para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema”.
Si ya es insuficiente para los gastos fijos, el presupuesto se volverá más exiguo si prospera la reforma judicial que duplica los juzgados federales y por tanto el gasto de la justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
En el Consejo estiman que los 23 nuevos juzgados federales que contempla el proyecto de ley, con sus jueces, fiscales, defensores y empleados, demandará una erogación de 850 millones, que si bien no es mucho sobre el total de gastos, incrementa de todo modos el costo del servicio.
En rigor, el presupuesto de la Justicia nunca alcanza con los fondos asignados, por lo que se va reforzando con partidas presupuestarias que jefatura de Gabinete cede a pedido de la Corte y el Consejo.
En junio de este año, por ejemplo, la Administración General de Justicia obtuvo una ampliación presupuestaria que le permitirá cubrir las necesidades operativas del sistema hasta fines de este año.
Ante la emergencia edilicia del Poder Judicial, el rubro “obras” también es uno de los capítulos sensibles del presupuesto de justicia 2021, tal es así que el año que viene se gastarán 246 millones entre refacciones y obras nuevas, como parte de un plan trienal.
“En materia de infraestructura -señaló el proyecto del Consejo-, se prevé la ejecución de un plan trienal de obras distribuido en todo el país, donde se priorizaron los proyectos sobre edificios en estado crítico”.
El plan trienal tiene previsto gastar en infraestructura mil millones de pesos al 2023 para resolver el problema acuciante del estado de muchos edificios y juzgados.