Ante el frente judicial que se abre y en medio de los cuestionamientos del grueso de la oposición, el Gobierno buscó rodear de respaldo político la decisión que tomó el presidente Alberto
Fernández de recortar en 1,18 el porcentaje de coparticipación de la Ciudad para traspasarle más fondos a la provincia de Buenos Aires.
El día después al anuncio se intensificaron los contactos entre ministros y funcionarios del Gobierno con gobernadores para que desde las provincias se explicite un apoyo a la medida, que contrasta con la postura que fijaron ante aquel decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri para aumentar la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,75%, en virtud del traspaso de la Policía Federal.
Precisamente fue ante el reclamo de los gobernadores que, dos años después, Macri redujo ese porcentaje a 3,5%, que ahora Fernández fijó en 2,32%.
Si bien los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan) ya se habían pronunciado vía Twitter y se plegaron al reconocimiento que hizo Axel Kicillof hacia el Presidente por restituir los “recursos que históricamente pertenecieron a los bonaerenses”, la intención de la Casa Rosada fue anticiparse a la exposición de esta tarde del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, intensificaron los contactos para que los gobernadores del PJ y los aliados de partidos provinciales manifestaran su apoyo en bloque.
Este jueves el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tuvo por motivos de gestión dos encuentros virtuales con Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Juan Manzur (Tucumán). Y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, cruzó mensajes con un nutrido grupo de mandatarios.
Fueron, finalmente 19 gobernadores que suscribieron un documento, titulado “Reducir desigualdades para una Argentina Federal”, en el que respaldan “la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado” y confían en que permitirá “reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismos en distribución de fondos o proyectos”.
Además de Kicillof, Uñac y Zamora, y salvo los cambiemitas Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza); y el peronista juan Schiaretti (Córdoba), firmaron todos los gobernadores. Incluidos dirigentes que tuvieron buena relación con Macri, como Omar Gutiérrez (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta).
El texto ya había sido delineado entre Cafiero y De Pedro con los gobernadores en febrero, ante lo que parecía un recorte inminente, pero que finalmente quedó en stand by, primero por la estrategia de Alberto F. de llegar a un acuerdo “consensuado” y, luego, por la pandemia.
En esa mesa de negociación que había trazado Fernández, la diferencia era amplia: mientras Nación quería recortar unos $35 mil millones -1,1 por ciento-, desde Ciudad toleraban la mitad, pero concedían que hasta en el peor de los casos, con un 0,75% de poda, se podían arreglar.
Sin embargo, ante la crisis por la pandemia, el escenario es distinto: para la Ciudad, representa un golpe duro, tanto en lo inmediato como a futuro: son unos 9 mil millones de pesos con los que contaba Larreta para cerrar su Presupuesto 2020 y una merma de unos $45 mil millones de cara al próximo año. “Sabíamos que iban a volver a la carga por la coparticipación, pero pensábamos que recién iba a ser después de la pandemia”, admiten, conteniendo furia, desde la sede de Uspallata.
En el Gobierno nacional descontaban desde la misma noche del miércoles que Larreta judicializaría la medida para demostrar que se trata de fondos que estrictamente cubren los gastos que demanda el funcionamiento de la Policía Federal en territorio porteño. “Patricia (Bullrich) no nos dio ni un peso de más”, aclaran, en función del traspaso de fondos que hizo el Ministerio de Seguridad en 2016, según lo previsto en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución, que indica que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos”.
Será, en ese caso, el Gobierno nacional el que deberá justificar ese excedente. Por eso, los equipos técnicos del Ministerio del Interior, a cargo de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, que llevaron adelante las negociaciones con la Ciudad, recopilan toda la documentación que será necesaria en la batalla judicial.
Desde lo político, en la Casa Rosada confían en que a la posición de Larreta lo sucederá un respaldo contundente de los gobernadores reivindicando la decisión. Pero, al mismo tiempo, rechazan las críticas que cuestionan la medida se dio sin consenso. advierten que con su DNU Alberto F. incluso fue benévolo: remarcan que le “perdonó” los 127 mil millones de pesos que la Nación, como contó Clarín, plantea que la Ciudad recibió de más entre 2016 y 2019; y que tampoco hizo un recorte “retroactivo” de los fondos por los primeros ocho meses del año “que siguió cobrando”. “Se podría haber hecho un recorte mayor, dado que en enero comenzó la discusión para concretarlo a partir de marzo”, expuso una espada del Gabinete, que aspira a mantener los puentes de diálogo.
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