Actuales y ex directivos de Banco Central solicitaron ante la Justicia el sobreseimiento en la causa conocida como “dólar futuro” originada a fines de 2015 a raíz de las operaciones de
política monetaria conocidas precisamente como “dólar futuro” a través de las que el BCRA, en ese entonces presidido por Alejandro Vanoli, operó para frenar la suba del dólar en el mercado spot o contado.
El requerimiento de sobreseimiento fue presentado por los abogados de Alejandro Vanoli (ex presidente del BCRA), Miguel Ángel Pesce (actual titular del BCRA, en aquel entonces vicepresidente) y quienes integraran su Directorio, Sebastián Aguilera, Mariano Beltrami, Pedro Biscay, Bárbara Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán Feldman y Alejandro Formento.
Todos argumentaron que el pedido se basa fundamentalmente en la pericia contable recientemente agregada a la causa, donde se concluyó que las operaciones consignadas no generaron una pérdida contable para el patrimonio del BCRA.
Los denunciados apuntaron a la “sinrazón de judicializar una decisión claramente política, insusceptible de ser revisada, por lo tanto, en esta sede, atenta la absoluta legalidad y legitimidad de los organismos que intervinieron en la toma de decisiones y en la ejecución de todo cuanto incumbe a lo que se ha dado en llamar genéricamente, EL DÓLAR FUTURO”.
También señalaron que la pericia demuestra que desde su ideación hasta su concreción, la política gubernamental desplegada en el tópico DÓLAR LIBRE, no constituye ni jamás ha constituido un ilícito penal
El 20 de agosto pasado, el fiscal Diego Velasco requirió que se inicie el juicio que tiene entre sus principales acusadas a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof (ministro de Economía en ese momento=, por las operaciones con el dólar futuro.
En plena feria judicial extraordinaria, el TOF 1 admitió el pedido de Velasco para que se habilite la feria y se avance en la pericia. En 2017, Dólar Futuro se convirtió en el primer caso contra Cristina Kirchner elevado a juicio oral. Hace unas semanas, el presidente Alberto Fernández se había quejado por el poco avance del caso, uno de los que menos preocupa a la vicepresidenta.
Durante la investigación se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros ex funcionarios, cometieron un fraude descomunal al patrimonio público”, que le costó al Estado “55 mil millones de pesos”. El delito imputado es el de administración fraudulenta.
Para determinar si el perjuicio fue de tal magnitud, previo al inicio de la feria por el coronavirus se había ordenado la realización de una pericia, como parte de las medidas preliminares antes de fijar fecha de inicio de las audiencias. Ese estudio técnico había sido requerido por los acusados Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pesce, presidente y vice del Banco Central en 2015. Pesce es el actual conductor del Central.
Entre otros datos, la pericia buscaba determinar si fue tal el nivel de perjuicio. Luego de largos meses “en elaboración”, la semana pasada el informe pericial de 80 páginas firmado por los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, fue entregado ante el TOF 1.
En sus conclusiones a las más de 80 preguntas formuladas, los peritos dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. Entonces, no hubo la defraudación indicada durante la instrucción.
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