La Unidad de Asuntos Internos que investiga el caso Villarejo considera que el expresidente Mariano Rajoy, al que el polémico comisario se refería como «el asturiano», tenía «conocimiento» de la operación «parapolicial»
desplegada en 2013 a espaldas de la Audiencia Nacional para sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación «comprometedora» del partido y sus dirigentes. El informe, al que tuvo acceso ABC, está integrado en la pieza separada de la trama Gürtel que analiza los papeles de Bárcenas y que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Allí envió el juez titular de la causa sobre Villarejo la información de valor recopilada a lo largo de las pesquisas sobre la Operación Kitchen, en tanto podía ser de interés para su causa. Y esta semana se ha levantado el secreto de actuaciones. Según explica Asuntos Internos, a partir de los audios intervenidos en casa de Villarejo «se colige» que la operación Kitchen, «encaminada a la localización» de «documentos y archivos de audio comprometedores con dirigentes del Partido Popular», habría tenido «un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces Secretarío de Estado de Seguridad (con conocimiento del »Asturiano« y del »Largo«)», dos motes que utilizaba el comisario y que los investigadores tienen «plenamente identificados» con Mariano Rajoy y al abogado Javier Iglesias. Ese trabajo policial revela muchos detalles de cómo se desplegó el operativo, que se activó dos semanas después de que Bárcenas confesara la existencia de una caja B en el Partido Popular y conllevó el pago de 2.000 euros al mes con cargo a los fondos reservados a quien era su chófer, Sergio Ríos Esgueva, en calidad de confidente. Asuntos Internos señala que «el manejo del Informador/colaborador citado parece traer causa de un encargo efectuado desde los Órganos Superiores y/o Directivos del Ministerio del Interior» a la luz de las conversaciones intervenidas a Villarejo. Ríos habla de una persona a la que identifica como «Andy», otro de esos motes o sobrenombres que aparecen en la causa. Se trata del comisario Andrés Gómez Gordo, que en tiempos fue jefe de seguridad de la secretaria General del PP María Dolores de Cospedal, y que según las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, medió para la captación del chófer. Su intervención es otro de los indicios en que se apoya el Ministerio Público para pedir la imputación de ella. Sergio Ríos no era el único confidente No obstante, atendiendo a los informes sobre el devenir de Kitchen que hacía Villarejo, el chófer, al que se refería como «cocinero» o «K2», no era el único confidente: «Con el resto, K1, K3, K4, K5, K6 y K7 todo continúa como se organizó desde el principio», dice en una parte de esos apuntes. Eran más y de cada uno, apuntaba los reportes que le iban dando sobre distintos aspectos como cuentas en Suiza o relaciones de Bárcenas con terceros. Tenían acceso a datos privados, pues en algunos casos proporcionaban números de la Seguridad Social. En el caso de Sergio Ríos, Villarejo le pagaba 2.000 euros al mes en billetes de los grandes y guardaba los recibos. Le compraron además una pistola, 700 euros con cargo a los fondos reservados, porque se sentía inseguro y perseguido. Tras analizar la documentación, el juez De la Mata expone que han quedado «acreditados 25 abonos entre los meses de julio de 2013 y septiembre de 2015, no constando pagos todos los meses (agosto 2013 y mayo de 2015) y existiendo pagos múltiples algunos de ellos» con cargo a fondos reservados que salían de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. «La periodicidad ha sido mensual, acumulando un total de abonos en el periodo completo analizado de cincuenta y tres mil doscientos sesenta y seis con veintidós (53.266,22) euros. De esa cantidad 50.000 euros corresponden a sueldos y salarios (epígrafe colaboradores) y el resto a gastos de comida (2.574,53 euros), transporte (496,65 euros) y un epígrafe que aparece un mes denominado total gastos (195,04 euros)», expone. Las entregas de efectivo corrieron a cargo de Villarejo entre julio de 2013 y abril de 2015 y Andres Gómez Gordo entre junio y septiembre de aquel mismo año. No obstante, la cifra no cubre ni de lejos el coste real de la operación, que implicó la movilización de efectivos policiales para ejecutar los seguimientos. 68 policías para Kitchen En este sentido, el juez De La Mata considera acreditado que las vigilancias a «personas y lugares del entorno» de Bárcenas y su esposa tuvieron lugar entre el 25 de julio y el 11 de octubre de 2013 y días sueltos de enero y febrero de 2014, a cargo de la Unidad Central de Apoyo Operativo que comandaba el también investigado Enrique García Castaño. Sobre este asunto, la documentación remitida a la Audiencia Nacional tras la desclasificación del operativo que aprobó el Consejo de Ministros revela que si bien para Interior «no existe constancia documental de ninguna operación denominada Kitchen», sí constan diferentes vigilancias «sobre personas del entorno de Rosalía Iglesias», la esposa de Luis Bárcenas, porque «estaba investigada por delitos de blanqueo de capitales». El objetivo, según ese informe aportado por Interior, era sobre el papel localizar el patrimonio de la pareja. Los seguimientos arrancaron en julio de 2013, se prolongaron hasta principios de 2014 y en ellos participaron hasta 68 policías en turnos. En los partes se referían a Rosalía Iglesias como «la Rubia» y a su chófer, Sergio Javier Ríos, como «el Moro».
FUENTE DIARIO ABC: