La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizar los montos de las asignaciones familiares porteñas que están congeladas desde hace 6 y 7 años.
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Por ejemplo, el salario por cónyuge es de $ 100 mensuales desde 2014 y por hijo menor de 18 años o de 21 que sigue estudiando y no trabaja es de $ 270 desde 2013. La ayuda escolar anual (inicial, primaria y media) es de $ 300 con un plus mensual de $ 100.
La sentencia es del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18, Secretaria N° 35. La demanda la promovió la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
A nivel nacional, las asignaciones por hijo y prenatal a cargo de la ANSeS, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF) para activos (remuneración bruta) y jubilados y pensionados, desde septiembre varían entre $ 741 y $ 3.540, según los rangos del Ingreso Global Familiar (IGF) hasta un tope de $ 155.328 mensuales. Y la ayuda escolar anual es de $ 2.966.
El régimen de asignaciones porteño abarca a docentes, no docentes, médicos, policías y administrativos. Un universo de 170.000 personas, de las cuales 47.000 declararon cónyuges o hijos. Las asignaciones se pagan por el mismo valor al margen del sueldo de los empleados comprendidos, sin tope salarial.
El Juez reconoce que las asignaciones familiares a nivel local son hoy “de un monto irrisorio frente a los efectos inflacionarios y los aumentos del costo de vida” Y hasta consideró que “se desnaturalizan los objetivos que persigue el régimen de asignaciones familiares destinado a las personas trabajadoras y docentes de la Ciudad que tienen derecho a las asignaciones familiares”.
A diferencia del régimen de asignaciones familiares a nivel nacional, que se ajustan por la movilidad previsional, la actualización de las de CABA es una facultad del Gobierno porteño. Y se actualizan por ley, previa discusión en paritarias.
Los gremios (como ATE, UTE, Metrodelegados) lo vienen reclamando sin éxito. Plantean que se actualice conforme a la inflación, como el ABL o la patente automotriz, más un recupero por el congelamiento de todos esos años.
La sentencia fija “que en el plazo de 15 (quince) días de que la presente quede firme conformen una mesa conciliatoria a los efectos de que acuerden la instrumentación del presente decisorio con respecto al aumento del monto de las asignaciones familiares” teniendo “especialmente en cuenta el carácter alimentario de las prestaciones objeto de este pronunciamiento y las variables económicas y sociales vigentes en la Ciudad”.
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Clarín
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