Cumplir la Constitución para evitar la ley de la selva

legítima y le ceden el uso de la fuerza para la defensa de sus derechos. Las personas no se organizan para usurpar tierras ajenas, y los dueños de esas tierras no responden a los tiros a quienes usurpan, porque es el Estado el que debe protege el derecho de propiedad de unos y facilitar el acceso a la vivienda a los otros.

El retiro del Estado del conflicto conduce a los peores resultados. ¿Qué incentivo tienen quienes respetan la ley, hacen trámites a veces interminables en los organismos de vivienda, pagan sus cuotas en una cooperativa? ¿Por qué esperar a la adjudicación de una vivienda, si es más fácil delinquir y tomar un lote, sin consecuencia alguna? ¿Qué confianza puede tener en el Estado el propietario de un terreno usurpado cuando se ve denunciado por la misma Ministra de Seguridad que debería defenderlo?

Es claro que hay un problema habitacional, pero la solución nunca puede venir por fuera de la ley. Más aún, es preciso que el gobierno reconozca que el problema nace, en buena medida, de las políticas del kirchnerismo: a pesar de los ingresos extraordinarios por commodities, las villas en el conurbano pasaron de 345 en el 2001 a 1134 en 2016. Es que sin acceso al crédito, sin confianza, sin políticas de vivienda transparentes, el déficit habitacional se vuelve imposible de resolver.

La solución facilista de la política kirchnerista fue permitir y alentar las tomas: una manera sencilla de dar tierras – sin cloacas, sin agua, sin títulos – a cambio de apoyos.

Un Estado civilizado no puede dar esa respuesta al problema, pues es crear un inconveniente mayor. El gobierno no puede tolerar las tomas; menos aún auspiciarlas, como parecen hacer algunos voceros del oficialismo, que advertían lo que pasaría. Tal vez piensan que no proteger la propiedad es progresista y no se da cuenta que los que más sufren este tipo de problemas son los barrios humildes y la clase media. Cuando el Estado se retira aparece el puntero, el narco, el organizador de la toma.

El derecho de propiedad debe ser protegido, y las tomas deben ser prevenidas y resueltas en forma pacífica cuando ocurren. El acceso a la vivienda debe ser fortalecido, y para esto debe darse seguridad, moneda, acceso al crédito. Estas son las máximas que contiene nuestra Constitución. Esta es la manera civilizada de resolver los problemas. Y el gobierno encontrará toda nuestra disposición a acordar en estas cuestiones.

No podemos permitir que el cumplimiento de la Constitución sea optativo. Necesitamos un Estado inteligente, capaz de hacer cumplir la ley. De lo contrario, la ley será la de la selva.