La dirigente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, denunció este viernes ante la Justicia que “el acto de fuerza” a través del cual el kirchnerismo hizo sesionar el martes a
la Cámara de Diputados es el primer paso hacia “la suma del poder político” de parte dl gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, Carrió explicó que ese gesto del presidente de la cámara baja, Sergio Massa, se suma al intento de revocar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y de destituir al Procurador General interino, Eduardo Casal.
Carrió denunció ante Casanello a fines del mes pasado el rechazo de la mayoría K del Senado de la precautelar de la jueza María Biotti sobre los casos de Bruglia y Bertuzzi. Casanello delegó la investigación en el fiscal federal Carlos Rívolo.
“Con un congreso en la ilegalidad el riesgo de que se otorguen facultades extraordinarias, la suma del poder público, sumisiones o supremacías es enorme”, advirtió la líder de la CC-ARI.
A su criterio de Carrió en la historia argentina “los procesos de apartamiento institucional empiezan con un acto de fuerza” como el que paso en diputados.
Elisa Carrió junto a la bancada de la Coalición Cívica.
En el escrito, firmado también por los diputados Juan López y Alejandra Stilman, se señala que “nuevos hechos de gravedad institucional relativos al funcionamiento de la cámara de diputados y la integración del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”.
Paralelamente, Carrió pidió a Casal que no le tome juramento al nuevo representante en el jury a fiscales, César Grau, por haber surgido de un trámite “ilegal” en que se desplazó a Mario Laporta quien tenía un mandato de tres años.
Carrió recordó que el 20 de agosto denunció el rechazo de parte de la mayoría K del Senado de la cautelar de la jueza Biotti y la remoción de un miembro del jury de enjuiciamiento a fiscales con la intención de remover a Casal.
El “real motivo” de todas estas medidas “es avanzar sobre el poder judicial y el ministerio público fiscal” y la “reforma judicial es parte de un plan de sometimiento de la justicia”.
El jury a fiscales y otros actos “son hechos que no deben ser analizados individual y aisladamente sino como una maniobra orquestada a efectos de lograr la impunidad de la actual vicepresidente de la nación y su círculo de confianza” de las causas judiciales en que están procesados por supuesta corrupción, agregó.
Finalmente en el escrito, Carrió pide que se investigue está serie de hechos para garantizar “el imperio de la Constitución”.
La líder del ARI-CC, Lilita Carrió, advirtió que “la remoción y nuevo nombramiento que hizo el Senado en el jury de enjuiciamiento solo con el objetivo de atacar a Casal, es nulo insanablemente nulo y es un golpe institucional de Cristina contra un tribunal natural para el juzgamiento de los fiscales”.
Para ampliar la posición de Carrió su diputado y abogado, Juan Manuel López, sumó estos casos a su denuncia original.
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