Con el mandato del Consejo General del Poder Judicial vencido desde noviembre de 2018 y la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional también pendiente desde hace meses, la Unión Progresista de
Fiscales ha pedido este lunes a todas las fuerzas parlamentarias que cumplan con el mandato constitucional de renovación de estas instituciones así como la del Defensor del Pueblo, en su caso caducada en 2017. En la antesala del inicio del Año Judicial, que arrancará el próximo día 8 en el Tribunal Supremo, la UPF recuerda que «ningún poder del Estado puede sustraerse al mandato de la ley». «Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras i nstituciones constitucionales; por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia«, señala en un comunicado. A juicio de esta asociación, ni el órgano del gobierno de los jueces, el TC y el Alto Comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos constitucionales pueden «permanecer en esta situación más tiempo« porque es la propia Carta Magna la que obliga a todos los poderes públicos y, por tanto, al Congreso y al Senado, a cumplir con sus obligaciones. «Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan«. Recuerda la UPF que es la «legitimidad de las instituciones» lo que está en juego y que cualquier incumplimiento de las leyes que regulan estas órganos constitucionales «nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional».
FUENTE DIARIO ABC: