El Gobierno oficializó este lunes la autorización en todo el país para que los pacientes críticos por coronavirus reciban el acompañamiento de un familiar “en sus últimos días de
vida”, un permiso que era muy reclamado por la sociedad desde el inicio de la pandemia y que finalmente tuvo el aval del Ministerio de Salud.
El permiso quedó contemplado en el artículo 27 del Decreto 714/2020 publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las nuevas condiciones del distanciamiento y aislamiento preventivo, social y obligatorio.
El DNU asegura que “las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante”.
Además, el texto indica que este protocolo deberá cumplir con las “recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañante”, agrega.
El Ministerio de Salud ya había emitido un documento con recomendaciones para “garantizar aspectos que permitan a los pacientes afrontar el proceso final de su vida con dignidad y permitir a familiares/allegados la posibilidad de despedida presencial”.
Así, la familia deberá designar a una persona -preferentemente de entre 18 y 60 años y en buenas condiciones de salud- para que pueda ingresar a ver al paciente con las medidas de protección y firmando un consentimiento.
El documento también permite designar un acompañante en casos excepcionales como chicos o personas con discapacidad, aunque no estén en el final de su vida.
Poder acompañar a pacientes en estado crítico era una demanda creciente de familiares que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia.
La Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos había emitido un comunicado en el que lamentó “profundamente que se hayan suscitado hechos de dominio público en los que se priorizó la protocolización rígida por encima del sufrimiento de las personas en el contexto del final de la vida, desconociendo las múltiples voces que en estos días han bregado por la garantía de los derechos de los ciudadanos”.
En el texto, además, se instaba a “las autoridades gubernamentales, instituciones y profesionales de la salud a prever los dispositivos necesarios para que estas situaciones no se repitan”.
Finalmente, recordaron que queda pendiente la sanción de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos que permita generar “una estrategia global para mejorar su accesibilidad”.
LP
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